MEMORANDUM 1.- A pesar del daño ambiental registrado en los bosques de Veracruz, de enero de 2021 a octubre de 2024, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - las autoridades estatales solo realizaron 28 acciones contra la tala ilegal. En esos operativos participaron 22 elementos, con un saldo de 103 personas detenidas y el aseguramiento de más de 35 mil metros cúbicos de madera, principalmente cedro rojo y pino. El despliegue se concentró en pocos municipios, dibujando un mapa claro de devastación de los bosques: sólo en 24 municipios del territorio estatal. De igual forma, los datos oficiales obtenidos vía transparencia muestran una respuesta limitada, pues entre 2018 y 2025, solo una de cada 129 denuncias por tala ilegal en el estado derivó en una sanción. Perote, Emiliano Zapata y Acajete registraron el mayor número de intervenciones. En Perote se realizaron tres operativos; en Xico y Xilotepec, dos cada uno. Con una sola acción aparecen municipios como Atzalan, Misantla, Altotonga, Chiconquiaco, Jilotepec, Catemaco, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, acajete, Ayahualulco, Emiliano Zapata, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Villa Aldama, Coscomatepec, Cuichapa, Mariano Escobedo, Tezonapa, Tlaquilpa, Xoxocotla, y Zongolica. El número de detenciones refuerza esa concentración. Perote encabezó la lista con 20 arrestos. Emiliano Zapata registró nueve; Xico y Acajete, siete cada uno. Villa Aldama y Las Vigas de Ramírez sumaron seis; Xalapa y Altotonga, cinco. En municipios como Alvarado hubo cuatro detenciones; en San Andrés Tuxtla, Acayucan, Fortín y Amatlán de los Reyes, tres. Con un detenido, los municipios de Platón Sánchez, Tlaltetela, Tlacolulan, Coscomatepec, Totula, Sayula de Alemán, Banderilla, Jalacingo, Paso de Ovjas, Mecayapan. Al respecto, la senadora Susana Harp ha advertido que los grupos de la delincuencia organizada no solo buscan madera. “Se valen del uso de la fuerza, la violencia y las armas de fuego para apropiarse de terrenos forestales. En estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los territorios deforestados sirven para instalar aserraderos clandestinos, abrir plantíos ilícitos o establecer bases de operación”. En este esquema, la tala ilegal funciona como una puerta de entrada. Cada árbol derribado amplía el control sobre caminos, comunidades y recursos, en zonas donde la presencia del Estado es débil o intermitente. La madera extraída de forma clandestina fluye con relativa facilidad hacia el mercado. Salvador Anta, experto forestal, señaló que al ser más barata genera una competencia desleal que desplaza a productores legales. Su ruta va desde mercados locales hasta esquemas más complejos de “lavado”, mediante documentación oficial falsa de la Semarnat o el desvío de permisos de saneamiento forestal. A nivel nacional, la Conafor estima que hasta 70% de la madera comercializada entre 2013 y 2018 tuvo origen ilegal. El impacto social se suma al ambiental. En regiones con altos niveles de pobreza, el crimen organizado se ha convertido en uno de los pocos empleadores disponibles. Familias completas son reclutadas para la tala, y en muchos casos se incorpora a menores en labores de vigilancia, corte o transporte, alimentando economías paralelas sostenidas por la violencia. Las cifras son contundentes. Entre 2001 y 2023, Veracruz perdió 17% de su cobertura forestal, de acuerdo con Global Forest Watch. Áreas protegidas emblemáticas como el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba enfrentan una presión constante, con municipios aledaños —como Calcahualco— perdiendo cientos de hectáreas. A su vez, para el diputado federal Adrián González Naveda, la cadena de justicia se rompe en la Fiscalía General de la República. Aseguró que, incluso cuando la Profepa aporta evidencias, los casos no avanzan y los presuntos responsables recuperan la libertad. Un ejemplo es La Laguna, en Coatepec, donde la Profepa clausuró una mina de arena ilegal y notificó a la FGR por la violación de sellos, un delito penal que sigue sin resolución. Lo cierto es que, la diferencia entre árboles derribados y sanciones impuestas devela una brecha persistente entre el daño ambiental y la respuesta institucional.

19 de Diciembre de 2025 / 22:45:00

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MEMORANDUM 2.- La agrupación Amnistía Internacional advirtió que Veracruz forma parte de un grupo de estados donde se han documentado prácticas de represión policial y discursos oficiales para deslegitimar la protesta social, en un contexto que, sostuvo, pone en riesgo el derecho a la libre manifestación. La organización señaló que el problema no es aislado ni reciente y llamó al Estado mexicano a ajustar su actuación a los estándares internacionales. “El Estado mexicano debe aplicar directrices del derecho internacional para respetar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, expuso, al advertir que, en los últimos años, y con mayor énfasis en meses recientes, se han observado prácticas represivas por parte de cuerpos de seguridad. En su informe, Amnistía Internacional incluyó a Veracruz entre al menos 14 estados donde se documentaron actos de uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes. De acuerdo con la organización, la violencia estatal no se ejerce de manera aleatoria, sino que se dirige principalmente contra personas racializadas, comunidades indígenas y mujeres. Además del despliegue policial, la organización alertó sobre el lenguaje empleado desde instancias oficiales. “Y un discurso estigmatizante de la protesta social por parte de algunas autoridades para deslegitimar las causas que las originan”, señaló, al advertir que esta narrativa crea un entorno adverso para el ejercicio del derecho a disentir. El informe retomó episodios registrados durante las marchas del 8 de marzo de 2025, cuando se reportaron al menos 16 detenciones arbitrarias y el uso de gas lacrimógeno en Yucatán, Ciudad de México y Chihuahua, así como golpes y encapsulamiento contra manifestantes en Hidalgo. Estos hechos, apuntó, forman parte de un patrón que se repite en distintas regiones del país. Amnistía Internacional también documentó casos en Puebla, donde mujeres que protestaban por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fueron golpeadas y retenidas durante horas, así como la detención de más de un centenar de estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán durante un operativo policial. En Chiapas, refirió la agresión a buscadoras que exigían justicia frente a la Fiscalía estatal, y en la capital del país reportó uso excesivo de la fuerza en movilizaciones recientes. La organización advirtió que el Estado mexicano recurre a los códigos penales como instrumentos de castigo al aplicar de forma ambigua delitos como obstrucción de vías públicas, oposición a la obra pública, motín e incluso secuestro, con el objetivo de inhibir la protesta. “El ejercicio de la libertad de reunión no debe tratarse como un delito penal bajo ninguna circunstancia”, reiteró la agrupación. Según el informe, calificar las manifestaciones como violentas desde tribunas públicas no solo deslegitima las causas sociales, sino que facilita nuevas agresiones por parte de autoridades y de particulares. Por lo anterior, Amnistía Internacional urgió a revisar los marcos legales y las prácticas institucionales. Para cumplir con los estándares internacionales, propuso eliminar leyes ambiguas utilizadas para criminalizar la protesta, capacitar a los cuerpos policiales en derechos humanos y mediación, erradicar tácticas como el encapsulamiento y garantizar que el uso de la fuerza sea excepcional y se rija por los principios de legalidad y proporcionalidad. Por último, Amnistía Internacional llamó al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, incluido el de Veracruz, a revisar la Ley de Uso de la Fuerza y a crear mecanismos de supervisión policial con participación de la sociedad civil, para evitar que la protesta social siga siendo tratada como una conducta perseguible en México. Así las cosas.

19 de Diciembre de 2025 / 22:31:10

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MEMORANDUM 3.- Como decía Juan Gabriel, El Divo de Juárez: “pero qué necesidad”. Y es que, es una pifia tras otra en la administración estatal y quién sabe quién fue el asesor en materia de Finanzas –aunque hay quienes dicen que todo apunta a un poblano-, que recomendó a la gobernadora Rocío Nahle entregar el bono anual a los trabajadores de salud condicionado, por primera vez en más de dos décadas, a la compra en especie en tiendas etiquetadas. El caso es que ante el reclamo de los trabajadores y las protestas generalizadas durante dos días en varias ciudades del estado, la gobernadora no tuvo más remedio que ceder, salir a dar la cara y anunciar la tarde de este viernes que las y los trabajadores del sector Salud de Veracruz sí podrán retirar su bono de fin de año en dinero en efectivo. El anuncio se da en medio de las protestas a nivel estatal del personal inconforme, luego de que los empleados del sector de Salud pública de Veracruz coordinaron protestas en diferentes municipios del estado. La inconformidad surgió por la falta de pago -en efectivo- del bono de la temporada decembrina, que, aseguran, se entrega desde hace 20 años, pero en esta ocasión pretendían condicionarlo a la compra de productos en especie en dos tiendas etiquetadas. Ni modo, le salió el tiro por la culata a los genios de Sefiplan. Vaya caso.

19 de Diciembre de 2025 / 22:15:47

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