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Departamento del Tesoro de USA multó a escuela de alto rendimiento IMG Academy con 1.7 mdd por admitir a hijos de dos líderes de un cártel mexicano
MEMORANDUM 1.- Por admitir a hijos de dos líderes de un cártel mexicano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la escuela de alto rendimiento IMG Academy con una multa de un millón 720 mil dólares. La institución, ubicada en Bradenton, Florida, realizó transacciones entre 2018 y 2022 con dos sujetos sancionados bajo la Ley Kingpin, tiempo en el que estuvieron inscritos los hijos de líderes de los cárteles. Uno de los padres pagó alrededor de 98 mil 867 dólares por un ciclo escolar, mientras que el otro desembolsó entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares en colegiaturas. También cubrieron gastos de alojamiento y otros costos adicionales derivados de la asistencia de sus hijos. La escuela celebró acuerdos anuales directamente con los líderes del crimen organizado y les permitió realizar transacciones comerciales en Estados Unidos y acceder al sistema financiero nacional. Los narcotraficantes realizaron los pagos mediante transferencias de terceras partes no sancionadas o con tarjetas de crédito. Cuando quedaban saldos positivos al final del año, la escuela los aplicaba al ciclo siguiente. Se realizaron alrededor de 89 transferencias para cubrir las obligaciones de matrícula y otros gastos. Por lo anterior, el Departamento del Tesoro determinó que IMG Academy mostró un “desprecio temerario” por las sanciones al no verificar si los sujetos estaban en la lista de personas bloqueadas. Además, la institución no había recibido notificaciones de infracciones en los cinco años anteriores a la primera transacción.
Alerta ONU que bloqueo de petróleo viola derechos humanos al agravar el acceso a alimentos, agua y sanidad en Cuba
MEMORANDUM 2.- Aunque omite referirse al régimen dictatorial que gobierna la Isla, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos afirmó que el impacto del bloqueo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, agravan la situación de los derechos humanos de la población de la isla y reiteró que “los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los derechos humanos. “Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, provocada por un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de las personas en Cuba”, aseguró la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. La funcionaria alertó sobre las consecuencias de la escasez de petróleo, al destacar que este bloqueo pone en riesgo en Cuba “la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país”. A través de un comunicado, el Alto Comisionado insistió en su llamado a que “todos los estados levanten las medidas sectoriales unilaterales”, al resaltar “su impacto amplio e indiscriminado” en la población local. Destacó que el bloqueo del petróleo en la isla afecta las unidades de cuidados intensivos, las salas de emergencia se han visto comprometidas, también la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, trasfusión de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura. Al recordar que “más de 80 por ciento de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad”, la ONU advirtió que los cortes de energía afectan el acceso “al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene”. “El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de otros derechos”, refirió la portavoz de Turk. Hizo énfasis en el impacto sostenido a largo plazo de las sanciones contra Cuba, e indicó que disminuye la capacidad del Estado para prestar servicios de protección y asistencia. “Esto aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba”, afirmó. La ONU pidió, en todo caso, que las autoridades de La Habana estén listas para “responder de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguardia de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos”. Así las cosas.
En 2025, Sedena registró 16 agresiones a su personal con drones y/o explosivos en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua
MEMORANDUM 3.- A pesar de que en 2024 se publicó la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso indebido de drones, los ataques aéreos con estos artefactos cada vez son menos aislados en México y la legislación en la materia, que tiene a su cargo la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), apenas logra identificar el uso recreativo de las aeronaves no tripuladas. De acuerdo con información de transparencia, el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró 16 agresiones a su personal con drones y/o explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. Con detalle, la Sedena exhibió que el uso más recurrente de este tipo de instrumentos contra su personal fue en Michoacán. Siete de los eventos registrados por el Ejército Mexicano se dieron en esa entidad, sobre todo en la región de Tierra Caliente. El primero de los ataques ocurrió el 16 de febrero en Apatzingán y le siguió uno en Buenavista el 26 de febrero. Otro más el 7 de marzo en Aquila y de nueva cuenta el 5 de junio se usó uno de estos dispositivos contra soldados en Buenavista. El informe de la Sedena agregó que en 2025 se registraron tres agresiones más en Michoacán, con drones y/o explosivos improvisados: uno en Zitácuaro el 17 de junio, otro en Apatzingán el 19 de julio y uno más en Cotija, el 9 de octubre. Al respecto, Fernando Gómez, especialista en el sector, consideró que si bien las aeronaves no tripuladas de cierta dimensión deben ser registradas ante la AFAC, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la regulación aún es incipiente y tiene muchos puntos por afinar dado el uso que se les puede estar dando. El año pasado, con la reforma en pie, la Sedena registró que luego de Michoacán, con los siete eventos, siguió Sinaloa, donde hubo cuatro agresiones contra su personal con drones que transportaban explosivos. Tres casos se cometieron en Culiacán y uno más en Badiraguato. En el territorio donde la lucha fratricida entre Los Chapitos y Los Mayitos tiene un flanco abierto con el Ejército, se registró un ataque con drones el 3 de abril, otro más 10 días más tarde, el 13 de abril, y otro el 27 de septiembre, los tres en la capital, Culiacán. Otro más, el 21 de octubre, se dio en Badiraguato. El Ejército reportó que sus elementos sufrieron ofensivas con aeronaves no tripuladas también en un par de eventos en Sonora: uno en Oquitoa, el 26 de febrero, y otro más en Pitiquito el 13 de marzo, a la par del registrado el 25 de octubre en Miguel Alemán, Tamaulipas. El uso de drones está regulado por la NOM-107-SCT3-2019, y si bien considera registros y licencias, no va por un registro general de este tipo de instrumentos y su uso comercial está más enfocado a la captación de ingresos por aprovechamiento del espacio aéreo.

 

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