MEMORANDUM 1.- Acaso no le falta razón a la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, cuando afirma que, con relación a su hermano Arturo Nahle García, quien busca la gubernatura de Zacatecas por el PRI: “como hermanos pues tenemos un respeto fraterno”. “Él sabrá, él nunca jamás ha expresado, me ha expresado algo hacia conmigo ni yo con él. Él era del PRI y yo era de izquierda y yo andaba en la lucha”, aseguró. Aunque de todo se vale en tiempos de la Cuarta Transformación, lo cierto es que el hermano de la gobernadora de Veracruz reapareció en un acto del PRI en Zacatecas, durante una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal, en la que el partido dio inicio a su proceso interno rumbo a las elecciones de 2027. Ante dirigentes, consejeros y militantes, Arturo Nahle declaró: “Queremos recuperar el gobierno de Zacatecas”. En el mismo encuentro, ofreció sumarse a las tareas que le encomienden dentro del partido: “Vengo a que me permitan jugar de delantero, de defensa, de entrenador, de porrista o, si consideran que desde la banca puedo aportar más, como ustedes me digan”. Incluso, el exmagistrado justificó su retorno al PRI tras 16 años fuera del partido con críticas a la administración estatal encabezada por MORENA y el Gobernador David Monreal Ávila. En ese tenor, Rocío Nahle dijo respetar la ruta partidista de su hermano. Afirmó que cada integrante de su familia toma decisiones políticas por cuenta propia y sostuvo que ella mantendrá su respaldo a MORENA. Rocío Nahle explicó que su hermano “tiene una carrera política propia” y enlistó los cargos que ha ocupado: “Él ha sido diputado federal, él ha sido secretario de gobierno, él ha sido procurador, él ha sido este (presidente) del Poder Judicial, magistrado”. De igual forma, la mandataria veracruzana marcó distancia entre militancias y trayectorias. Añadió que, pese a las diferencias partidistas, mantienen una relación familiar sin intervención política entre ambos. “Como hermanos pues tenemos un respeto fraterno”, reiteró. La Gobernadora también reiteró su definición partidista y su papel institucional al frente del Ejecutivo estatal. “Yo soy de MORENA y siempre voy a apoyar a MORENA”, expresó, y remató “yo ahí en mi partido soy gobernadora de todos, de todos los veracruzanos, de 8 millones y medio más los que están en el extranjero, pero mi militancia política es de MORENA”, concluyó.

02 de Marzo de 2026 / 22:45:21

Twittear

MEMORANDUM 2.- Aunque hay quienes la acusan de imponer una visión burocrática por encima de la sensibilidad social que se requiere ante el dolor de las familias víctimas de desaparición, cuando lo que debería hacer el Estado es pedir disculpas, de todos modos la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Namiko Matzumoto Benítez, afirmó que los colectivos de búsqueda que reciben recursos públicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral están obligados a comprobar su ejercicio, y reveló que al asumir el cargo detectó 25 millones de pesos sin soporte documental correspondiente a administraciones anteriores. Como cobradora de Coppel, luego de las manifestaciones de colectivos en Xalapa, la funcionaria estatal sostuvo que los apoyos no han sido cancelados ni suspendidos, pero destacó que la comprobación del gasto es un requisito establecido en la norma. “El fondo de ayuda y reparación para las víctimas son recursos públicos, por lo tanto, son recursos que se deben ejercer con absoluta transparencia”, aseguró la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Indicó que la inconformidad expresada por algunos grupos no deriva de una reducción presupuestal, sino del requerimiento de rendición de cuentas. “En realidad no se ha detenido ningún apoyo. Tan es así que la manera de verificarlo es que no se ha suspendido ninguna búsqueda. Los apoyos para diligencias de búsqueda salen a través de la comisión. Lo único que hay que soportar esos gastos”, sostuvo. Matzumoto Benítez explicó que el acceso al fondo constituye un derecho para las víctimas, pero también implica obligaciones administrativas. “Si bien es un derecho de ellas acceder a esos fondos, es una obligación también comprobar que se ejecutó o se usó el recurso adecuadamente”, afirmó. Precisó que las reglas de operación han existido en años anteriores y que, aunque en 2026 registraron una modificación, ésta se orientó a ampliar supuestos de apoyo, particularmente en materia de alojamiento. “Usualmente el apoyo de alojamiento se daba para las personas desplazadas. Hoy se está dando el apoyo para alojamiento para personas desplazadas y para personas víctimas en situación de vulnerabilidad. Todo el resto de la obligación de comprobar permaneció intacta”, sostuvo. En ese sentido, la titular de la Comisión refirió que asumió el cargo en septiembre y que, al cierre de diciembre, se identificó un monto aproximado de 25 millones de pesos sin comprobación documental. “En la comisión hicimos lo que correspondía, entregar cuentas, determinar tal cual el monto que no estaba comprobado, que ascendía en el tiempo que yo llegué alrededor de 25 millones de pesos y lo único que hay que hacer es comprobar”, declaró. Señaló que la documentación fue turnada conforme a lo que establece la norma, aunque evitó precisar si el expediente fue remitido a la Contraloría para una investigación específica. “La documentación sí (…), mi deber es cumplir con lo que establece la norma y a eso es a lo que me he dedicado. Si antes no se comprobaba, no es responsabilidad mía”, respondió. Antes de la llegada de Matzumoto Benítez, la Comisión fue encabezada por Christian Carrillo Ríos y Lorena del Carmen Mendoza Sánchez durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García. La funcionaria estatal también señaló que, al inicio de su gestión, buscó establecer diálogo con los colectivos, pero algunos grupos condicionaron el intercambio a la intervención directa de la titular del Ejecutivo estatal. “Cuando yo llegué y me puse a sus órdenes, no desearon dialogar conmigo. Dijeron que conmigo no tenían nada que hablar y que ellas solamente iban a hablar con la gobernadora. Lo que yo hice fue prudentemente retirarme”, refirió. Matzumoto Benítez advirtió que la falta de acceso a las instalaciones por las manifestaciones puede impactar en la dispersión de recursos para diligencias ya programadas. “Hay muchas diligencias ya programadas, se debe determinar el monto para cada una de estas diligencias y lamentablemente no podemos entrar y entonces no se pueden dispersar recursos para ninguna víctima. Eso es en este momento lo que a mí me tiene preocupada”, aseguró. Sobre el alcance de la inconformidad, Matzumoto Benítez sostuvo que en Veracruz existen cerca de 60 colectivos de búsqueda y que cinco participaron en la manifestación reciente. “Aquí en la entidad, en el último conteo que se hizo hay cerca de 60 colectivos. Hoy se manifestaron cinco colectivos”, precisó. Señaló que otras organizaciones respaldan las medidas de comprobación. “Solecito se manifestó en apoyo a las medidas de rendición de cuentas y transparencia que estamos implementando. Otros colectivos, el colectivo de la Cuenca del Papaloapan también está a favor de que se ejerciten los recursos con absoluta y total transparencia”, afirmó. La titular rechazó versiones que atribuyen la negativa de apoyos a estudios de trabajo social. “Hemos hecho 240 estudios de trabajo social y solamente ha habido cerca de 30 solicitudes que no han cubierto los requisitos legales y esa es la razón. No es el estudio de trabajo social; es que si das una dirección y esa dirección es inexistente, ¿cómo podemos acreditar nosotros que efectivamente a esa persona se le puede brindar el apoyo?”, concluyó.

02 de Marzo de 2026 / 22:30:26

Twittear

MEMORANDUM 3.- Luego de la conclusión de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al penúltimo año de las anteriores administraciones municipales, varios municipios de las Altas Montañas resultaron con pendientes por solventar. Con base en la información de la ASF sobre aportaciones federales, participaciones federales y otros fondos, los municipios de las Altas Montañas que fueron observados son: Ixtaczoquitlán: 409 millones 512 mil 900 pesos, Mixtla de Altamirano: 33 millones 746 mil 300 pesos, Zongolica: 17 millones 488 mil 300 pesos, Camerino Z. Mendoza: 14 millones 846 mil 300 pesos, Río Blanco: 9 millones 755 mil pesos, Orizaba: 7 millones 642 mil 400 pesos, Amatlán de los Reyes: 5 millones 682 mil 900 pesos, Atlahuilco: un millón 850 mil pesos, Fortín: un millón 385 mil 500 pesos y Alpatláhuac: 295 mil 200 pesos. En municipios como Aquila, Astacinga, Atoyac, Atzacan, Córdoba y Coscomatepec, la ASF no reportó montos observados en este rubro específico. El municipio con el monto más alto pendiente de aclaración es Ixtaczoquitlán, que durante el ejercicio fiscal 2024 fue gobernado por el morenista Nahum Álvarez Pellico. La ASF observó 409 millones 512 mil 900 pesos, correspondientes a tres fondos federales estratégicos: 68 millones de pesos del FAISMUN; 66 millones de pesos del Fortamun y 274 millones de pesos de Participaciones Federales a Municipios. De acuerdo con el dictamen de fiscalización, la administración municipal no presentó la documentación comprobatoria necesaria para acreditar el ejercicio del gasto, motivo por el cual la ASF emitió tres pliegos de observaciones. Ante estas omisiones, el órgano fiscalizador requirió el reintegro total de los recursos, además de los rendimientos financieros generados, en caso de que las observaciones no sean solventadas conforme a los plazos legales. Además de Ixtaczoquitlán, los municipios con montos relevantes observados durante el ejercicio 2024 corresponden a administraciones encabezadas entonces por: Norma Estela Hernández Sánchez, emanada del partido Morena, quien gobernó Mixtla de Altamirano; Juan Manuel Diez Francos, del PRI, en Orizaba; Ricardo Pérez García, de Morena, en Río Blanco; Benito Aguas Atlahua (finado), del PVEM, en Zongolica, y Luis Arturo Figueroa Vargas, de Morena, en Amatlán de los Reyes. La ASF aclaró que las observaciones no constituyen resoluciones definitivas, sino requerimientos formales de aclaración, y que los municipios aún cuentan con procedimientos para solventar las irregularidades detectadas. “Una observación de la ASF no implica automáticamente desvío comprobado, pero sí establece que el ente auditado no acreditó el uso correcto de los recursos federales”. De este modo, si las autoridades responsables no presentan la documentación suficiente, el ente fiscalizador puede promover responsabilidades administrativas y acciones resarcitorias, incluyendo la devolución de los recursos a la Hacienda Pública Federal. El resultado revela observaciones relevantes en el manejo de los recursos federales en una parte significativa de los municipios del estado. De acuerdo con el reporte emitido por el órgano fiscalizador, 76 de los 212 ayuntamientos presentan irregularidades financieras por un monto global de 2 mil 523 millones 328 mil 600 pesos, recursos que corresponden a aportaciones federales, participaciones y otros fondos transferidos por la Federación. Las observaciones derivan principalmente de omisiones administrativas, falta de documentación comprobatoria y ausencia de evidencia que acredite el destino del gasto público, lo que impide a la autoridad fiscalizadora validar el uso adecuado de los recursos. Aunque las observaciones alcanzan a más de un tercio de los municipios veracruzanos, la ASF identificó una concentración significativa del monto pendiente de aclaración, ya que diez ayuntamientos concentran mil 651 millones 326 mil 900 pesos, lo que representa aproximadamente el 65 por ciento del total observado en la entidad. Este dato revela que, más allá de irregularidades dispersas, el mayor riesgo financiero se focaliza en un grupo reducido de municipios, responsables del manejo de los montos más elevados de recursos federales durante el ejercicio 2024. La fiscalización de la Cuenta Pública 2024 confirma que la comprobación del gasto federal sigue siendo uno de los principales retos de la gestión municipal en Veracruz, especialmente en ayuntamientos con altos volúmenes de recursos. La concentración del monto observado en pocos municipios subraya la necesidad de fortalecer los controles internos, la profesionalización administrativa y los mecanismos de rendición de cuentas, más allá de los cambios de administración. Mientras los procesos de solventación continúan, los resultados de la ASF dejan claro que la falta de documentación adecuada mantiene abiertos expedientes que trascienden periodos de gobierno y comprometen la transparencia del ejercicio público. Así las cosas.

02 de Marzo de 2026 / 22:14:01

Twittear