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Adiós pensiones “doradas”: Más de 700 exfuncionarios de LyFC se quedarán sin asignaciones excesivas
MEMORANDUM 1.- La reforma presidencial para poner un tope a las pensiones de funcionarios y ex funcionarios de paraestatales y organismos públicos que se votará la próxima semana en el Senado, incluye a poco más de 700 ex directivos y altos mandos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que perciben desde 350 mil hasta un millón de pesos al mes. Sin embargo, hay también cerca de 60 ex trabajadores sindicalizados de esa empresa eléctrica aún en liquidación, que igualmente tienen jubilaciones millonarias, y que en su caso mantendrán. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica el Artículo 127 constitucional, es para poner un límite exclusivamente a las llamadas pensiones “doradas” de funcionarios en el sector paraestatal. LyFC, que el ex presidente Felipe Calderón extinguió en 2009, dejó una nómina de 800 directivos, de los que sobreviven alrededor de 700, entre ellos un ex subdirector, quien percibe una jubilación de un millón 9 mil 106 pesos al mes. Según las previsiones gubernamentales, el ahorro con el ajuste a las pensiones de los ex funcionarios de LyFC, así como de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Nafinsa, Banobras y Bancomext, será de cinco mil millones al año. Sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza, el ahorro podría ser mayor, ya que actualmente, con recursos públicos se pagan las pensiones de los 14 mil 73 jubilados de esa compañía que sobreviven y totalizan casi 29 mil millones de pesos al año. El problema es que más de 13 mil son ex trabajadores de base, que estuvieron afiliados al SME y aunque 30 de ellos tienen también pensiones tan altas como las de lo ex funcionarios –una es de 406 mil 528 pesos mensuales– no les aplica la reforma y seguirán con sus ingresos millonarios, debido a que provienen de la contratación colectiva.
En el 8M Iglesia católica pide se garanticen dignidad, oportunidades y protección de adultas mayores; destaca labor de monjas
MEMORANDUM 2.- El Día Internacional de la Mujer debe impulsar una transformación en la Iglesia católica para reconocer la situación que viven las mujeres religiosas en México, afirmó el Centro Católico Multimedial (CCM). Es, subrayó, un panorama urgente y alarmante por el envejecimiento que ya está presente y las carencias que enfrentan para cuidar de su salud. La Arquidiócesis Primada de México señaló que la realidad que viven muchas mujeres en México, atrapadas en contextos de violencia o explotación, con enfermedades que enfrentan solas, madres que sacan adelante a sus hijos y adultas mayores que viven en soledad, entre otras, son situaciones que reclaman una atención profunda y cercanía. En el editorial del semanario Desde la Fe, planteó que son necesarias políticas públicas capaces de proteger y acompañar a ese sector de la población que también hace frente a condiciones de pobreza. Se requieren respuestas estructurales que garanticen dignidad, oportunidades y protección, insistió el organismo. “Una sociedad verdaderamente humana no abandona a las mujeres cuando atraviesan momentos de fragilidad”. A su vez, el CCM puso en evidencia las condiciones de desprotección en que se encuentran las monjas y refirió los datos de un estudio de la Oficina para el Desarrollo y Salud Integral de las Religiosas en México, según el cual, en 2023, la edad promedio de las hermanas era de 62 años. Un cuarto de las congregaciones tiene miembros mayores de 50 años, y solo una de cada diez es menor de 35. En dos décadas, las vocaciones podrían caer hasta un 17 por ciento, lo que dejaría a las comunidades sin relevo generacional. La Iglesia no ha priorizado temas como la salud, pues 92 por ciento de las monjas solo busca atención médica tras la aparición de síntomas, sin políticas preventivas. En congregaciones pequeñas, menores a 100 miembros, predominan problemas cardiovasculares, de movilidad, gastrointestinales, diabetes y respiratorios. En las de mayor edad, es común la dificultad de movimiento, así como los males cardiovasculares y visuales. También es frecuente la necesidad de cirugías oftalmológicas y oncológicas, pero muchas de estas mujeres carecen de acceso a sistemas públicos de salud, al no percibir salarios, lo que las deja en vulnerabilidad extrema. Asegura que cinco de cada diez congregaciones destinan entre 25 y 60 por ciento de su presupuesto anual a cuidados médicos, con lo que agota los recursos para su misión principal. El estudio se basó en 161 institutos de 220 congregaciones femeninas (de un total de 295 registradas por la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México) y también plantea que para 2050, en México la cantidad de personas mayores de 60 años superará a la joven, con una expectativa de vida adicional de 22 años al llegar a esa edad, pero con los últimos cinco marcados por discapacidades. Ante esta situación, el CCM subrayó que son “evidentes las fisuras en la Iglesia católica mexicana”, pues “mientras los obispos y sacerdotes disfrutan de estructuras más sólidas, como mutuales, fondos solidarios, organizaciones diocesanas de salud e incluso inscripción a sistemas sociales de salud, las religiosas —a menudo confinadas a roles subservientes— sufren el peso de un envejecimiento sin red de seguridad”. Estas mujeres tampoco cuentan con espacios adecuados para el cuidado geriátrico, equipo especializado, apoyo psicológico y personal capacitado para su atención. Esta omisión no solo es injusta, sino contraproducente, sin salud, la misión se desvanece, lamenta.
En México solo el 13.1% de mujeres que experimentaron violencia física o sexual de su pareja presentó denuncia, por desconfianza institucional y estigmatización: ONU
MEMORANDUM 3.-En el Día Internacional de la Mujer, la ONU-Mujeres llamó a acelerar acciones para garantizar que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sea una realidad, a cuatro años del plazo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Advierte que en 54 por ciento de los países la violación aún no se define con base en el consentimiento, y en 44 por ciento no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo. Admite que aunque el 90 por ciento de los Estados ha fortalecido su legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres, persisten brechas en su aplicación efectiva. En América Latina y el Caribe, 20 países han tipificado el feminicidio como delito. En México, esta figura está reconocida en todas las entidades federativas. A nivel mundial, las mujeres y las niñas cuentan en promedio con solo el 67 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres y a este ritmo, cerrar esa brecha podría tomar casi tres siglos. Pese a avances normativos y de política pública significativos, ONU Mujeres indica que “persisten retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva. En México, solo el 13.1 por ciento de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó denuncia ante una autoridad. Entre las principales razones para no denunciar se encuentran el miedo, la estigmatización, la revictimización, el desconocimiento de los mecanismos, la desconfianza institucional y la impunidad.” Superar estas barreras requiere que las instituciones de procuración e impartición de justicia actúen de manera articulada, con procesos oportunos, accesibles para las mujeres en toda su diversidad y alineados con los estándares de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. En el marco del 8M 2026 y ante el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), Naciones Unidas convoca a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías y ministerios públicos, sector privado, academia, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos y otros actores a invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad y fortalecer la implementación efectiva de las leyes existentes. De igual forma a establecer políticas públicas basadas en evidencia que cierren brechas en el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional.

 

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