Acusan a MPs de falta de avances en carpetas de investigación por casi 80 robos de vehículos en la región de Perote
MEMORANDUM 1.- Una ola de robos de vehículos con violencia registrada desde mediados de 2025 en Perote y municipios colindantes ha dejado al menos 30 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, aunque las víctimas advirtieron que la cifra real podría alcanzar hasta 80 unidades sustraídas, principalmente camionetas de trabajo. A pesar de las detenciones recientes, los afectados señalaron que los casos permanecen estancados y que los responsables directos continúan en libertad. Y es que, las víctimas acusan falta de avances en las carpetas de investigación y sostienen que el Ministerio Público argumenta ausencia de flagrancia y pruebas insuficientes para proceder por el delito de robo de vehículo, aun cuando existen videos, fotografías e identificaciones directas de los presuntos responsables. De acuerdo con los denunciantes, la fiscal a cargo de los expedientes, Lorena Guadarrama Cotero, les ha señalado que no puede judicializar los casos debido a que los presuntos responsables no fueron detenidos en el momento del atraco o porque la evidencia presentada no acredita de forma directa el despojo. “Nos dicen que no procede porque no los agarraron en flagrancia o porque no hay cómo comprobar el robo, aunque están plenamente identificados en video y en fotografías”, aseguró uno de los agraviados, quien pidió el anonimato por razones de seguridad. Las denuncias comenzaron a acumularse a partir de junio de 2025, cuando habitantes de la región detectaron un patrón reiterado en los robos y la participación de personas previamente relacionadas con este tipo de delitos. Las víctimas coinciden en que el repunte ocurrió tras la liberación de un hombre que había estado preso en Tehuacán, Puebla, por robo de vehículos. “Fue a partir de que salió de la cárcel un vecino que estaba preso en Tehuacán por el mismo delito. Regresó y empezaron los robos”, señaló otro de los denunciantes. Aunque entre 20 y 25 personas acudieron de manera conjunta a presentar denuncias, los propios afectados estiman que el número real de robos es mayor. “Formalmente somos como 30, pero de reportes no confirmados se habla de hasta 70 u 80 unidades robadas”, aseguró otro testimonio. Los vehículos sustraídos son principalmente camionetas de trabajo de modelos recientes, como Nissan NP300 y unidades Toyota, utilizadas para actividades comerciales y de servicios. “Lo que más se roban son camionetas de trabajo”, señalaron. El modus operandi descrito es similar en todos los casos. Los robos ocurren cuando las víctimas se estacionan o descienden de sus vehículos, momento en el que son interceptadas por varios sujetos armados. “Bajan a la gente a punta de pistola, no da tiempo de nada”, aseguró uno de los afectados, quien afirmó que hombres y mujeres han sido víctimas por igual. Las personas afectadas sostienen que se trata de una banda con operación interestatal, con vínculos en el estado de Puebla. Aunque reconocen que algunos presuntos integrantes han sido detenidos, precisan que estas aprehensiones no corresponden a los robos denunciados. De acuerdo con la Fiscalía, en Perote fueron vinculados a proceso Edwin “N”, Edgar “N” y Saúl Antonio “N” por delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud, dentro del proceso penal 20/2026, con prisión preventiva justificada. Sin embargo, las víctimas aseguran que esas detenciones no atienden los robos de vehículos. “Los detuvieron por drogas y armas, no por los robos, aunque todos los reconocemos”, señalaron. También afirmaron que al menos dos presuntos implicados continúan en libertad, pese a aparecer en grabaciones de cámaras de vigilancia. “Son hermanos de uno de los detenidos. Tenemos fotos y videos y siguen libres”, afirmó uno de los denunciantes. En al menos un caso, las víctimas aseguran haber entregado videos donde se observan amenazas directas. No obstante, refieren que la fiscal les informó que no podía proceder porque en las imágenes no se aprecia de forma explícita el arma o el momento exacto del despojo. “Nos dijo que no procedía porque no se ve cuando les apuntan. Entonces le pregunté si quería que lo mataran para que procediera”, señaló uno de los afectados. Las quejas por la actuación ministerial también se han extendido a redes sociales institucionales, donde los usuarios han señalado falta de seguimiento y negativa a judicializar casos con presuntos responsables identificados. De manera extraoficial, las víctimas estiman que el monto de los robos asciende a varios millones de pesos, al tratarse de vehículos con valores cercanos a los 500 mil pesos. También refieren información no confirmada sobre pagos por cada unidad robada y la posible existencia de bodegas cercanas donde serían ocultados los vehículos.