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| CNDH emite recomendación a Marina por desaparición forzada en Tamaulipas. | ||||||
| Cuatro personas fueron ‘privadas arbitrariamente de su libertad por servidores de la Marina y policías de Matamoros’; la detención fue ilegal y arbitraria, asegura la CDNH | ||||||
| Jueves 18 de Enero de 2018 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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La Comisión Nacional acreditó que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, también de nacionalidad estadounidense, quien se encontraba en compañía de un mexicano a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como " Puente Internacional Los Indios", ya que luego se dirigirían al domicilio de los mismos, situado en Progreso, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, las cuatro personas fueron "privadas arbitrariamente de su libertad por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y policías del denominado Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros, quienes además incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos". La CNDH constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, toda vez que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo. Asimismo, el organismo nacional acreditó que todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas, a quienes no se logró localizar hasta 16 días después de su aprehensión, presentando "traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego". La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada de las cuatro personas", concluyó la CNDH. En este contexto, y tras determinar que existieron violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas, la Comisión demandó a las cuatro autoridades destinatarias de la recomendación procedan, de manera coordinada, a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas de los hechos, es decir, a los familiares de los agraviados, en términos de la Ley General de Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran. Además, les solicitó proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo y colaborar en las denuncias y quejas que se presente ante diversas instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos cometidas. |
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