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| Ordena la CIDH a México cuidar la integridad de activista zapoteca. | ||||
| La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la luchadora social Bettina Cruz y su núcleo familiar, tras acreditar la situación de riesgo que enfrenta por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de un proyecto de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. | ||||
| Sábado 20 de Enero de 2018 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington subrayó en un comunicado que el pueblo zapoteco lleva una lucha incansable ante la imposición del proyecto Eólica del Sur en Juchitán, el cual anteriormente pretendió instalarse en el pueblo de San Dionisio del Mar con el nombre comercial de Mareña Renovables. De acuerdo con la organización civil, los pueblos zapotecos representados por Bettina Cruz han llevado con éxito ante la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo sus reclamos sobre la falta de respeto y garantía de derechos humanos, tanto por el gobierno de México, como por las empresas involucradas. Obligaciones internacionales La petición de medidas cautelares en favor de la activista es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales, expresó Alejandra Gonza, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, representante de Bettina Cruz ante organismos internacionales. Dicho colectivo subrayó también que en Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas, y que con la aprobación de la reforma energética, la declaración de Oaxaca como zona económica especial y la militarización de la región, el Estado privilegia proyectos energéticos frente a los derechos humanos. |
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