| No sólo maltrataron a una mamá en IMSS de SLP: además causaron muerte de su bebé, denuncia CNDH. | ||||
| Hace año y medio, una mujer sufrió violencia obstétrica y perdió a su bebé– quien durante 14 días estuvo en una incubadora en estado grave– y hasta la fecha no se le ha dado acceso a la justicia. | ||||
| Domingo 21 de Enero de 2018 | ||||
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De acuerdo con la indagatoria del organismo nacional, una mujer acudió a consulta con un ginecólogo en el Hospital General de Zona número 6 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde le diagnosticaron 37.2 semanas de gestación, pelvis reducida y desproporción cefalopélvica por producto macrosómico, por lo cual se determinó practicarle una cesárea. Sin embargo, un día antes de lo programado, la víctima acudió al área de urgencias tras presentar dolor lumbar y abdominal, siendo atendida por otro médico, quien no tomó en cuenta antecedentes médicos relevantes de la paciente, como una ruptura uterina previa, estableciendo que debía ser sometida a trabajo de parto. El diagnóstico se tomó incluso sin que se practicara un ultrasonido– pues no había médico radiólogo para tal efecto– y pese a que se constató que hubo retrasos en la vigilancia de la actividad uterina, foco fetal y evaluación de los cambios cervicales. Esa misma noche, el médico tratante se percató de la disminución de la frecuencia cardiaca del producto, ruptura uterina y otras complicaciones en la salud de la paciente, por lo que la llevó al quirófano para practicarle una cesárea urgente “por sufrimiento fetal agudo”; para entonces, la víctima ya había perdido el conocimiento. Al despertar, se le informó que su bebé había sufrido muerte cerebral. De acuerdo con el reporte médico, por la ruptura uterina la recién nacida no registró frecuencia cardiaca, lo que ameritó maniobras de reanimación y fue ingresada al servicio de cunero patológico en estado clínico grave. Catorce días después de su nacimiento, presentó insuficiencia respiratoria y finalmente perdió la vida. En todo ese proceso, la víctima recibió malos tratos y comentarios ofensivos por parte del personal de dicho nosocomio. Después de cometida la negligencia, la mujer no recibió la atención psicológica que requería. Además, los médicos integraron de forma inadecuada el expediente clínico, pues las notas médicas son ilegibles, no contienen los signos vitales ni la hora de realización de la cesárea, el nombre de la paciente está incompleto, se usaron abreviaturas y se advirtió la existencia de una hoja de consentimiento informado, sin embargo, esta no fue firmada por la mujer o algún familiar. Cuando la mujer acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los agentes que integraron la averiguación previa correspondiente decidieron declararse incompetentes y turnar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), pues, según la dependencia, estaba involucrado un servidor público federal. Tras revisar el caso, la Comisión Nacional acreditó que los servidores públicos del hospital y de la FGE violaron los derechos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la información en materia de salud, así como al acceso a la justicia en su modalidad de las víctimas. Por lo anterior, el organismo nacional emitió una recomendación al titular del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, y al Fiscal Federico Arturo Garza Herrera para que reparen el daño ocasionado a los afectados, les otorguen atención psicológica y tanatológica, los inscriban en el Registro Nacional de Víctimas y colaboren en las investigaciones que inicien la PGR y el Órgano Interno de Control del Instituto, respectivamente. |
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