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.- La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lamentó que un Tribunal Unitario haya declarado como válida la postura de la Procuraduría General de la República sobre la supuesta "imposibilidad jurídica" de crear una comisión de investigación sobre el caso Ayotzinapa, ordenada previamente por un tribunal colegiado.
“El gobierno federal ha hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para investigar el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal. Dicho tribunal consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”, indicó Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de AI.
“El gobierno tomó más de cien acciones legales distintasante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial. Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes.El gobierno debe dejardeoponersea la comisión de investigación especialy dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, agregó.
En el mismo tono, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Tlachinollan, además de Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar resaltaron en un comunicado conjunto que la mencionada resolución del Tribunal Unitario “es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos” en contra de la comisión de la verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático. Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno Federal y estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito judicial es imposible”, alertaron las organizaciones firmantes.
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