Recorte extra de mil 76 millones de pesos a órganos del Poder Judicial

martes 10 de febrero de 2026

Visitas:

Recorte extra de mil 76 millones de pesos a órganos del Poder Judicial.

Este recorte se suma a los 3 mil 870 millones de pesos que de manera voluntaria el Poder Judicial de la Federación (PJF) acordó con la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2019.

Martes 26 de Febrero de 2019

Por: La Jornada

Compartir	Twittear

Ciudad de México.- Los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación —la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—, tendrán una disminución presupuestal adicional por mil 76 millones de pesos, a los proyectados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.

Este recorte se suma a los 3 mil 870 millones de pesos que de manera voluntaria el Poder Judicial de la Federación (PJF) acordó con la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2019.

Esta diminución presupuestal fue un acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa y que fue dado a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se señala que todos los órganos del PJG “adoptarán las mejores prácticas en materia de racionalidad y austeridad”.

De acuerdo con el proyecto los recortes presupuestales se aplicarán de la siguiente manera: a la SCJN hasta 39 millones 263 mil 233 pesos; al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se le disminuirán hasta 1mil 29 millones de pesos y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ocho millones de pesos.

Loa rubros que tendrán un impacto son “aplicación de vacancia; diferimiento de proyectos de obra pública no prioritarios; racionalización de los gastos de viáticos y pasajes; racionalización de la adquisición de bienes muebles e inmuebles; priorización y seguimiento de proyectos; y austeridad en los gastos de ceremonial y difusión”.

Para este programa de ahorro, inclusivo se contempla la venta de “los bienes muebles o inmuebles improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, previa autorización del Órgano de Gobierno que corresponda, a fin de evitar gastos de administración y mantenimiento, procurando que este proceso se realice preferentemente a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)”.