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| Hay avances, pero también señales preocupantes: Colectivos. | ||||
| Actual administración ha ignorado muchas de sus promesas de tomar en cuenta los puntos de vista de la sociedad civil. | ||||
| Miércoles 17 de Julio de 2019 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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Así lo advirtieron las participantes en el foro “Estado de derecho en México: retos y oportunidades en el tiempo de AMLO”, organizado este miércoles por la Oficina de Washington para América Latina y la Fundación para el Debido Proceso (FDP), quienes lamentaron que la actual administración ha ignorado muchas de sus promesas de tomar en cuenta los puntos de vista de la sociedad civil. Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, afirmó que el gobierno de López Obrador arrancó con algunas acciones positivas, como un mayor impulso a la investigación de casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la llamada “estafa maestra”, pero ha dejado de lado otros abusos y no ha cultivado una relación cercana con las víctimas. De igual forma, ha utilizado el poder que tiene el titular del Ejecutivo para realizar nombramientos de funcionarios –de forma directa o indirecta-- sin argumentar su idoneidad, como lo demuestran los casos de la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El colectivo #FiscalíaQueSirva, recordó la especialista, logró que se establecieran filtros en la FGR para que en el nombramiento de los diversos fiscales especiales se cumplieran diversos requisitos, como lanzar una convocatoria pública, delinear un perfil del cargo e incentivar la participación de la sociedad civil. No obstante, “es una gran desilusión ver que pusimos candados y no se respetan en lo más mínimo. El fiscal (Alejandro Gertz) está ignorando lo que establece la ley como requisitos mínimos para los nombramientos” de los titulares de las diversas unidades de la FGR, indicó Delgadillo. En el mismo sentido, Ursula Indacochea, coordinadora del programa de independencia judicial de la FDP, alertó que López Obrador sigue haciendo uso de la prerrogativa histórica de los presidentes de designar funcionarios a través de “listas cortas” que supuestamente son analizadas por el Senado, pero sin una necesidad verdadera de explicar cuáles fueron sus criterios ni justificar sus decisiones. El resultado de ello, lamentó, es que “incluso puede poner a sus amigos”, sin que haya contrapesos reales para tales nombramientos. “Las designaciones son un buen termómetro de que hay una actitud de confrontación con el sistema judicial y que los nuevos funcionarios no pueden ser una contrapeso o una barrera para las reformas del gobierno. Eso hay que verlo con alarma en este momento, que aún estamos en el inicio del periodo presidencial y es posible alzar la voz para contrarrestar esos efectos”, indicó. |
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