Denuncian empresarios que mientras se incrementan índices delictivos, actividad económica se desploma; 500 negocios cerraron en un año. | ||||
Al mismo tiempo, en lo que va del año, cuatro de cada 10 pequeños y medianos negocios han salido del estado por la ola de extorsiones, cobros de derechos de piso y acciones violentas de grupos al margen de la ley | ||||
Viernes 30 de Agosto de 2019 | ||||
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Al mismo tiempo, en lo que va del año, cuatro de cada 10 pequeños y medianos negocios han salido del estado por la ola de extorsiones, cobros de derechos de piso y acciones violentas de grupos al margen de la ley, refiere Raúl Ojeda Banda, presidente de la Organización Civil Ciudadanos Unidos, quien explica que los delincuentes cambiaron del secuestro al cobro de piso porque este último “no es delito grave”. En ese tenor, el dirigente de esa agrupación afirma que los delincuentes se fueron a lo más fácil, “el derecho de cobro de piso no es delito grave y aunque los agarran los que andan allí extorsionando a los comerciantes, los sueltan (…) y hemos tenido casos que la gente viene denuncia, hace la denuncia en la Fiscalía de extorsión y no se hace nada”. Ojeda refiere que como asociación ha peleado desde los tiempos de Duarte y Yunes, “pero me atrevo a decirlo, estamos peor que con los gobiernos anteriores, porque ahora no hacen caso, porque ahora no tenemos respuestas de ellos, anteriormente como asociaciones podíamos estar en las pláticas de seguridad, ahora no somos ni invitados porque somos los únicos que levantamos la voz porque los demás organismos se callan”, denunció. De acuerdo con cifras de esta Organización, las bandas delictivas exigen cuotas de hasta 50 mil pesos por establecimiento, pero los que se niegan a pagar tienen consecuencias mortales, por lo que revela que las pérdidas económicas son multimillonarias pues más de 500 negocios han cerrado en un año, “hasta junio – reitera - había desaparecido entre el 30 y 40 por ciento de los negocios del estado”. En este sentido, el dirigente sostiene que la situación se complica más cuando se trata de giros negros o con venta de alcohol, porque los grupos delictivos buscan tener el control en la distribución de productos y drogas. A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, Esteban Enríquez, subraya que en años anteriores casi a diario había reportes de plagios que muchas veces terminaban en la muerte de las víctimas, aunque según sus datos de febrero a la fecha estos casos han sido mínimos. Al referirse a la quema de negocios, como el Bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, donde 29 personas murieron, ambos dirigentes coinciden en que es un claro ejemplo del crecimiento de la exigencia de derecho de piso. Y afirman que de mayo a julio de este año fueron incendiados negocios como la tienda Bama, el bar La Catrina, Cocinas Integrales Williams, autos usados Nuevo Milenio y el bar Los Mangos, en esa misma ciudad del sur del estado. En este contexto, según cifras desestacionalizadas del INEGI, en lo que va del año en Veracruz han caído el crecimiento y el empleo como lo revela un comparativo al mes de septiembre del año pasado, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad creció a un ritmo 5.1 por ciento, pero en diciembre este indicador cayó a 3.3 por ciento y para el tercer trimestre de 2019 volvió a caer a 2.4 por ciento. A su vez, en abril de este año, la actividad industrial registró una caída anual de 0.5 por ciento en la entidad, la más profunda desde diciembre del año pasado. De acuerdo con el INEGI, al interior de este indicador las principales caídas se registraron en las actividades manufactureras, con un retroceso de 2.9 por ciento. Adicionalmente, la situación laboral del estado también muestra señales negativas, pues aunque tiene una de las tasas de desocupación más bajas del país con 2.87 por ciento como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), es el cuarto estado con la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) más elevada del país con 26.05 por ciento, incluso por debajo de Tlaxcala. En este rubro, el INEGI subraya que la TCCO se refiere a la proporción de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, o que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos. Además el 51.94 por ciento de los trabajadores en el estado no tiene acceso a prestaciones de ley como seguridad social. En este sentido, el presidente de Coparmex Veracruz, Juan José Sierra, afirmó que su exigencia es un reforzamiento de la seguridad, y que cada institución asuma su responsabilidad en lo que le toca, porque la coordinación es la estrategia es fundamental para la reducción de los índices de violencia. |
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