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| Edel, en la mira por ciudades judiciales, abusos contra jueces y magistrados y nombramientos ilegales, y quiere reelegirse. | ||||
| Sin embargo, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial, cuando su acta constitutiva como sociedad mercantil sólo proyectaba la cimentación de cinco. | ||||
| Viernes 30 de Agosto de 2019 | ||||
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Sobre el primer caso, registrado en 2018, Álvarez Peña anunció el proyecto de construcción de 15 ciudades judiciales, cuyos contratos fueron adjudicados a la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras vinculadas con la familia Ruiz Anitúa, misma que se formalizó el 22 de mayo de ese año ante el Notario Público Rafael de la Huerta Manjarrez. Sin embargo, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial, cuando su acta constitutiva como sociedad mercantil sólo proyectaba la cimentación de cinco. En ese sentido, refieren que los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coinciden, pese a que todo fue aprobado y entregado en un plazo de apenas 33 días. En el mismo sentido, datos del Registro Público de Comercio establecen que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales, todos identificados con el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y por lo menos en el caso del primero, señalado en el escándalo Panamá Papers, entre los empresarios vinculados con empresas Offshore para lavar dinero en paraísos fiscales. Las presuntas irregularidades podrían alcanzar al magistrado presidente dado que “licitó” la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local sólo autorizó la edificación de 17. En un segundo tema, tras la publicación en la Gaceta Oficial, el 26 de diciembre de 2017, de la reforma constitucional local de los artículos 59 y 58 y el adicional 58 bis, para el retiro forzoso por edad de 70 años en magistrados y 65 para jueces, promovida por el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y por el propio titular del Poder Judicial, el 8 de enero de 2018 el Magistrado Presidente giró oficios a quince magistrados con más de setenta años, a quienes separó de su cargo sin previo procedimiento y sin la anuencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, comenzando el desmantelamiento del Poder Judicial. Los magistrados que ya no pudieron ejercer sus funciones fueron: Raúl de la Huerta Valdés, Arnulfo Emilio Polanco Servín, Fernando A. Guzmán Calvo, Emma Rodríguez Cañada, Reynaldo Madruga Picazzo, Dionisio F. Gutiérrez García, Alfredo Algarín Vega, Jorge Espinosa Castillo, Eugenio Vázquez Hernández, Sara Hilda Beltrán Ramos, Miguel G. Manzanilla Pavón, Samuel Baizabal Maldonado, Francisco Portilla Bonilla, Daniel Ruiz Morales y Onésimo Fernández Campos. Adicionalmente, con dicha reforma el Presidente del Tribunal separó de su cargo a más de 50 jueces de primera instancia, menores y municipales, de los cuales más de treinta se fueron al amparo ante juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, y a todos y a cada uno les fue concedido, incluido a un Magistrado, que fue el único que se opuso a la reforma y tuvo que ser reinstalado y cubiertas sus percepciones. Con esto, señalan que Álvarez Peña también habría causado un presunto daño económico financiero, puesto que hasta el momento no se ha informado qué se ha hecho con las percepciones que le dejó de ministrar a los magistrados que separó del cargo, cuando se sabe que como bono de retiro otorgó dos millones de pesos a cada uno y un retiro voluntario del setenta por ciento de su sueldo. Por último, un tercer caso se refiere al amparo concedido el pasado 13 de agosto de 2019, por el Juez Segundo de Distrito del Séptimo Circuito, dentro del Juicio de Amparo indirecto 875/2018, mediante el cual declaró indebida la integración de la primera sala penal, con jueces habilitados como magistrados por el Presidente del Tribunal. Lo anterior provocó que el 22 de agosto, abogados penalistas interpusieran denuncias penales contra los 9 jueces designados por Edel, por la probable responsabilidad de los delitos de ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, usurpación de funciones establecidos en los artículos 315 fracción I, III, IV y 258 fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como también, al propio Álvarez Peña, en su carácter de Presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura, por los mismos delitos, además de violencia institucional previsto en el numeral 365 el Mismo Ordenamiento Penal y los que resulten a partir de estudio que realice un Fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos. Pese a ello, Álvarez Peña quiere reelegirse por cinco años más. Vaya historia. |
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