De Veracruz al mundo
Presentan iniciativa de “violencia de género” para funcionarios en BC.
Contempla en uno de los transitorios que el Gobierno del Estado integre Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y de Agresores Sexuales, de Intrafamiliares y de Género
Domingo 29 de Septiembre de 2019
Por: La Jornada
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La diputada Triny Vaca presentó una iniciativa para incorporar a la Constitución de Baja California local la obligación de los servidores públicos de contar con declaración “3 de 3 de violencia de género” para evitar en el servicio público a deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales y de mujeres.

Contempla en uno de los transitorios que el Gobierno del Estado integre Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y de Agresores Sexuales, de Intrafamiliares y de Género

Dicha iniciativa consiste en tener como requisito ineludible para todo servidor público: el no contar con antecedentes de ser deudor de pensión alimenticia, de acosador sexual, ni de agresor por razones de género.

“Nadie cuestiona y mucho menos está en contra de que se exija a servidores públicos, legisladores, líderes de partido y candidatos a cargos de elección popular, la publicación voluntaria de su declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos”, dijo la legisladora independiente al tiempo de señalar que debe cuestionarse si un servidor público carece de antecedentes penales "pero es violento con su esposa o sus hijos; si un funcionario está al corriente de sus impuestos, pero es un deudor alimentista y si está bien que no tenga conflicto de intereses económicos o políticos pero es un depredador o acosador sexual”.

Vaca Chacón se pronunció por establecer una transversalidad efectiva en la administración pública estatal y municipal, y que se cuente con una visión interinstitucional en la aplicación de las políticas públicas relativas a prevenir y atender la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres.

La iniciativa consiste en reformar al artículo 8 de la Constitución local, a partir de los planteamientos realizados en un encuentro de organizaciones defensoras de derechos humanos y de grupos feministas en el Congreso de Baja California.

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