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La Jornada
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Ciudad de México.- El inicio de juicio político a Rosario Robles Berlanga es una venganza política, al quedar comprobado que el Poder Legislativo pretende emitir una sentencia anticipada en contra la ex funcionaria aún y cuando los tribunales correspondientes no han concluido el proceso judicial, aseguró el equipo legal que representa a Robles Berlanga, encabezado por los despachos Hernández Barros & Abogado y Epigmenio Mendieta & Abogados,
Lo anterior, aseveraron, demuestra el “juicio de Estado” que se ha configurado entre los tres Poderes de la Unión en contra de la ex secretaria de estado con la intención no sólo de mantenerla arbitrariamente en prisión, sino para borrarla del mapa político nacional y principalmente condenarla de forma anticipada, sin que haya un proceso judicial de por medio, señaló el equipo legal que representa a Robles Berlanga, encabezado por los despachos Hernández Barros & Abogado y Epigmenio Mendieta & Abogados.
En ese sentido dijeron que “es una decisión arbitraria e ilegal” que condena anticipadamente a la exfuncionaria, sin darle oportunidad de exponer sus argumentos a favor en el proceso político, al estar “ilegalmente” sujeta a una medida cautelar innecesaria e injustificada.
“Es importante destacar que, en definitiva, hasta este momento ninguna persona ha sido sentenciada ni penal ni administrativamente por la mal llamada ´Estafa Maestra, esto a pesar de la supuesta participación (según los autores) de instituciones como Sedesol, Pemex, Banobras, Senasica, Sagarpa, Sep, SCT, SE, RAN, Superissste, Fovissste, INEA. Hasta ahora ningún funcionario ni mucho menos de los titulares de estas dependencias han sido juzgados por delito alguno y por supuesto a ninguno de ellos se solicitó “juicio político".
Añadieron que los diputados decidieron iniciar el juicio político a Rosario Robles, “sin embargo postergaron el juicio político contra de legisladores que aprobaron la ampliación del plazo del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, lo que sí es una flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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