TF podría reabrir caso Duarte y dar paso a anulación de sentencia por datos bancarios obtenidos en forma ilegal

domingo 19 de mayo de 2024

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TF podría reabrir caso Duarte y dar paso a anulación de sentencia por datos bancarios obtenidos en forma ilegal.

Sin embargo, los abogados consideraron que si bien este procedimiento podría derivar en la libertad del exgobernador, esto podría ocurrir hasta el próximo año.

Miércoles 27 de Noviembre de 2019

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.- Aunque para obtener una sentencia de 9 años de prisión y no los más de 25 que se le pudieron haber impuesto por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa aceptó declararse culpable voluntariamente sin llegar a juicio y, a cambio, la entonces PGR aceptó cambiarle el delito grave de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, lo que le permitió tener una condena reducida, el juicio contra el ex gobernador podría dar un giro luego de que éste promovió un recurso para que dicha sentencia fuera suspendida y se le permitiera apelar.

Sin embargo, los abogados consideraron que si bien este procedimiento podría derivar en la libertad del exgobernador, esto podría ocurrir hasta el próximo año.

El caso llegó al Primer Tribunal Colegiado en donde sus tres magistrados deben determinar la próxima semana si conceden a Duarte la posibilidad de apelar, lo que abriría la puerta para que el juicio sea reabierto y se revise la sentencia.

De acuerdo con Animal Político, el proyecto de resolución a cargo del magistrado Horacio Hernández Orozco apunta a que Duarte sí tiene derecho de apelar.

Sin embargo, en la sesión realizada el 14 de Noviembre pasado, otro magistrado consideró necesario que se analice con mayor profundidad los argumentos.

Los defensores del ex gobernador argumentan que, si bien su cliente aceptó la responsabilidad del caso sin ir al juicio, lo hizo a partir de datos bancarios que la PGR habría recabado sin orden de un juez lo que los volvía ilegales, y desde el punto de vista de los litigantes dicha situación es suficiente para que el caso sea reabierto y eventualmente anulado.

A favor de los abogados opera el antecedente de que al menos dos procesados más en el mismo caso han logrado que los jueces desestimen los procesos por la ilegalidad en las pruebas bancarias, aunque el caso del exgobernador resultaría más complejo debido a que él aceptó ser condenado sin ir a juicio y sin que se valoraran los elementos.

Por lo pronto, dos tribunales federales decidirán en los próximos días si el proceso es reabierto, y si se da entrada a la investigación por la presunta corrupción que hubo en torno al caso.

Se trata del Primer Tribunal Colegiado que resolverá si procede la petición de la defensa del exgobernador para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente.

Por otro lado, el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil (TOJIL: Estrategia contra la Impunidad) para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente también se sumó la Barra Mexicana de Abogados.

Según los abogados defensores, las resoluciones de los Tribunales federales son cruciales debido a que están directamente relacionadas con el único de los procesos penales por el cual Javier Duarte ha sido sentenciado y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México. Como se recordará, al exgobernador se le extraditó en 2017 desde Guatemala por tres casos.

El primero relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia, en octubre de 2016, el cual ya fue cerrado por falta de elementos. El segundo se refiere a una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno.

Sin embargo, Duarte obtuvo un amparo para que el caso fuera reiniciado desde cero, con el beneficio de llevar el proceso en libertad. Y el tercer caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR, que lo mantiene preso.

Una cuarta orden de aprehensión por presunta desaparición forzada no se ha podido ejecutar, debido a que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.

Con relación a la petición de TOJIL, ésta sostiene que indebidamente la PGR otorgó beneficios excesivos a Duarte abriéndole la puerta a una condena mínima aun cuando él era la cabeza de una posible red de corrupción, por lo que considera que era necesario que el caso se llevara a juicio debido a la gravedad y trascendencia del asunto, además de que el propio Duarte afirmó hace unos meses que fue extorsionado por funcionarios de la PGR.