Tribunal admite impugnación de Carlos Ahumada por juez que no admitió amparo.
El empresario pidió la protección de la justicia contra la orden de captura librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.
Un tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja que interpuso el empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien reclamó la decisión de un juez federal que desechó el amparo que promovió con la intención de no ser extraditado a México.
El Tercer Tribunal Colegiado admitió la impugnación y en los próximos días analizará si la decisión del juzgador estuvo fundada o no. A principios del presente mes, Ahumada Kurtz pidió la protección de la justicia contra la orden de captura librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México libró el mandamiento, además de que Interpol emitió una ficha roja a sus 193 países miembros para localizar al argentino. El 16 de agosto de este año, en el aeropuerto Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, Carlos Ahumada fue hallado y permaneció detenido solo unas horas, porque se le permitió enfrentar su proceso en libertad. Según la indagatoria, el Servicio de Administración Tributaria presentó una querella ante la FGR porque Carlos Ahumada obtuvo un total de ingresos acumulables por la cantidad de 5 millones 637 mil 952 pesos y el detrimento causado al fisco con base en los resultados de la opinión contable de 27 de Octubre de 2016, suscrita por Juan Martín Fabián Santana y Verónica Ramos, ambos contadores adscritos al SAT, se desprende que, por lo que hace al ejercicio fiscal de 2012, el contribuyente omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la cantidad de un millón 647 mil 236 pesos. El delito que se le atribuye al empresario se castiga con una pena que va de dos a cinco años de cárcel.
