De Veracruz al mundo
Denuncian desplazamiento forzado de más comunidades indígenas en Chiapas.
Desde el 15 de octubre, informaron a las autoridades del estado y a nivel federal sobre la situación de violencia que viven las comunidades indígenas de la frontera sur de México
Miércoles 18 de Diciembre de 2019
Por: EL HERALDO
Ciudad de México.- Organizaciones denunciaron el ataque paramilitar de un grupo que desplazó de manera forzada a 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil el pasado 6 de diciembre; y mantienen amenazados a habitantes de tres comunidades más, Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa y Santa Cruz, en los municipio de Chilón y Sitalá, respectivamente.

En rueda de prensa, el Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) se pronunciaron contra violencia que se incrementa en la región Norte de esta entidad.

“Urgimos al Estado mexicano a implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria”.

Señalaron que desde el 15 de octubre, informaron a las autoridades del estado y a nivel federal sobre la situación de violencia que viven las comunidades indígenas de la frontera sur de México, donde solicitaron medidas cautelares urgentes, necesarias y eficaces para proteger a la vida, seguridad e integridad de la población de la región amenazada por grupos civiles armados.

Explicaron que el desplazamiento en estas comunidades inició hace casi dos años -primero- con el desplazamiento forzado de 125 habitantes de la comunidad tseltal Carmen San José, en Chilón.

“La violencia en la región escaló desde el 3 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 4 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar”.

Existe la denuncia correspondiente ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Chilón, Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, -de acuerdo a las organizaciones- el Estado mexicano no cumplió con la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la población.

Por ello, solicitaron a las autoridades evitar el desplazamiento de los habitantes de las otras comunidades amenazadas, además de aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas. Asimismo implementar las medidas necesarias para el retorno con seguridad de las comunidades tseltales que ya fueron obligadas a abandonar sus tierras.

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