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| El PAN respalda a gobernadores y pide que regrese Seguro Popular; Insabi es “espejismo”, acusa el PRI. | ||||||
| Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, señaló que las autoridades federales no pueden “jugar con la vida de las personas al tratar de imponer un nuevo sistema de salud sin un periodo de transición, sin capacitación y sin una debida planeación”. | ||||||
| Domingo 12 de Enero de 2020 | ||||||
| Por: sinembargo | ||||||
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Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que este nuevo proyecto del Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un “espejismo” porque “niega la atención y parece más una herramienta de recaudación a costa de los más necesitados”. Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, destacó que “ante el caos en los servicios de salud que pone en peligro a miles de mexicanos, es necesario que continúe el Seguro Popular para brindar atención médica a la gente más necesitada”. En un comunicado, señaló que las autoridades federales no pueden “jugar con la vida de las personas al tratar de imponer un nuevo sistema de salud sin un periodo de transición, sin capacitación y sin una debida planeación”.
“Nuevamente estamos padeciendo otro ejercicio de soberbia e improvisación. El Gobierno crea el Insabi, pero no sabe que para su implementación primero se requiere informar y capacitar a todo el personal médico. No podemos aceptar que los más pobres paguen los platos rotos de este Gobierno inepto. Por eso exigimos que continúen los servicios médicos del Seguro Popular”, dijo. Asimismo, el panista precisó que si bien es necesario mejorar el sistema de salud pública en México, cualquier reforma debe considerar un periodo de transición para su adecuada aplicación, cuya prioridad debe ser la atención de las personas más necesitadas, garantizar el abasto de medicamentos y la gratuidad de los servicios médicos. “Es triste y lamentable la realidad que ahora viven muchos mexicanos enfermos. Los testimonios por la falta de medicinas y cobros adicionales en los servicios, contradicen las mentiras del Gobierno de que ‘todo está bien’. No es justo ni humano que se viva esto en nuestro país. Por eso pedimos al Gobierno un poco de sensibilidad para que corrija esta situación”, indicó. Por ello, Cortés Mendoza hizo un llamado a la sociedad “para que se exprese a favor de que continúe el Seguro Popular, porque ‘no queremos que la arrogancia y los caprichos del Gobierno lleguen a cobrar la vida de nuestros enfermos’”. Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, aseguró que López Obrador trata de insistir en “proyectos clientelares a costa de la salud de los grupos más vulnerables”. Ante dicha situación, le pidió “que recorra los hospitales del país y se dé cuenta que su Instituto de Salud de Bienestar (Insabi) es un fracaso y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. Urge la salud sin maquillajes”. De acuerdo con el legislador, “es una constante la queja de que el Seguro Popular era gratuito y, solamente para tratamientos especializados, los pacientes pagaban 88 pesos por día de hospitalización, ahora con el Insabi todo se les cobra llegando a desembolsar 500 pesos diarios en promedio; ¡es imperdonable que se haga esto con los que menos tienen!”, subrayó. En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó que “México no puede olvidar que es por gobiernos” de su partido, “que las familias cuentan con sistemas de salud y educación pública; instituciones eficientes que en nada se parecen al espejismo actual, como el de un instituto que niega la atención y parece más una herramienta de recaudación a costa de los más necesitados”. Durante la toma de protesta de la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Quintana Roo para el periodo estatutario 2019-2023, comentó que “este año el país enfrentará una situación compleja por los recortes al presupuesto de sectores estratégicos”.
“Negaron recursos para mejorar la tecnología y la capacidad productiva del campo, y se eliminaron los subsidios para el mantenimiento de caminos, carreteras y obras hidráulicas. Debemos ser persistentes y ejercer mayor presión sobre las autoridades federales y estatales, para que corrijan el rumbo en los temas fundamentales. Por ello, debemos reforzar el trabajo desde los estados y los municipios, apoyar a nuestros legisladores locales y federales”, agregó Moreno Cárdenas. Además, reiteró que el propósito de la dirigencia nacional es llevar al tricolor a retomar la senda del triunfo en este 2020. “Ese es mi compromiso y quiero que cada uno de ustedes lo asuma como propio. Si así lo desean y si quieren servir a México, les damos la bienvenida. Todas y todos tienen lugar y voz en el partido”. “Hoy vivimos otra realidad, son nuevos tiempos de unidad; quedaron atrás los tiempos de los priistas de ocasión y no de convicción; nos dirigimos a la renovación, no a la restauración. El nuevo capítulo del PRI se escribirá de abajo hacia arriba, con la fortaleza de nuestros ideales, para enfrentar los tiempos difíciles y ganar las próximas elecciones”, finalizó. GOBERNADORES CONTRA EL INSABI Seis gobernadores se niegan a aceptar la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y en sus entidades las personas continuarán siendo atendidas con el actual Seguro Popular. Cinco de los involucrados forman parte del Partido Acción Nacional (PAN): Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur. A ellos se suma Enrique Alfaro Ramírez, quien llegó a la gubernatura de Jalisco de la mano del Movimiento Ciudadano (MC). Los mandatarios señalan que firmar el acuerdo para que comience a operar el Instituto de Salud para el Bienestar, podría quitarles facultades. Enrique Alfaro expresó a finales de 2019 que había muchas dudas sobre la disponibilidad del presupuesto que tendrán los estados en salud. Rodríguez Vallejo declaró que el Gobierno federal no tenía conocimiento de los protocolos de operación, y por eso no firmaría la incorporación al sistema que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Lo dije públicamente desde antes que se aprobara, que yo jamás iba a firmar, dije hasta de broma que aunque me torcieran la mano”, señaló ante medios de comunicación. Ex secretarios de Salud también se han expresado en contra del cambio en el sistema. “El regreso a la centralización de los servicios debilita al federalismo mexicano y aleja la solución de los problemas del sitio en el que se registran”, expusieron Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski Woldenberg, Mercedes Juan López y José Narro Robles en una misiva en 2019. Desde Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador dijo que firmar no es obligatorio, “pero la mayoría están aceptando. Es un acuerdo. Tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública”. Javier Corral Jurado, Gobernador panista de Chihuahua, aseguró frente al mandatario mexicano que su entidad sí está dispuesta a entrar al plan. El Gobierno de México informó que con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), “las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesitarán afiliarse ni pagar cuotas”. Los beneficiarios del Insabi sólo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud. El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos: “El primero es encontrarse en territorio nacional. Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento”. El Insabi inició funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud.
NO SE SABE CÓMO OPERARÁ Pese a que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó a operar el primer día de 2020 por decreto oficial para sustituir al Seguro Popular, la incertidumbre predomina entre la ciudadanía y trabajadores de salud de la Ciudad de México, a quienes no se les ha informado cómo operará. Aun cuando la nueva política plantea que servicios médicos deben brindarse de manera gratuita, estos todavía se cobran. SinEmbargo acudió a dos centros de salud y a un hospital público con módulos de afiliación al Seguro Popular en dos alcaldías de la capital y corroboró que la constante entre trabajadores y pacientes es el desconocimiento de la política en materia de salud impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, misma que se creó para reemplazar a la que durante los tres sexenios pasados brindó servicios médicos a personas sin seguridad social, con la diferencia de que no es necesario afiliarse o pagar cuotas, sólo basta presentar la credencial del INE, la CURP o el acta de nacimiento. Personal administrativo y de medicina reconoció desconocer los cambios que implica la operación del Insabi. En dos centros de salud de la Alcaldía Coyoacán quienes asisten deben presentar su afiliación al Seguro Popular o los servicios se les cobran. “No tenemos información oficial, sería hasta el 8 de enero aproximadamente que tal vez nos indican”, dijo una doctora del Centro de Salud Doctor Gustavo A. Rovirosa Pérez, en la Alcaldía Coyoacán. “No sabemos cómo va a funcionar [el Insabi] o qué va a pasar con el Seguro Popular”, comentó un trabajador administrativo del mismo centro. En ese lugar, así como en el Centro de Salud T III San Francisco Culhuacán y en el Hospital General Xoco, de la Alcaldía Benito Juárez, las oficinas de quienes realizaban las afiliaciones al Seguro Popular están cerradas, algunos letreros indican a la población que debe acudir a la sede del Sistema de Protección Social en Salud de la Ciudad de México o a los hospitales de la red del Gobierno local para seguir tramitando servicios relacionados con el Seguro Popular, no con el Insabi.
En las instancias de salud visitadas las y los trabajadores aseguraron desconocer si quienes se encargan de los trámites para el Seguro Popular regresarán después del periodo vacacional. Entre las personas que esperan para ser atendidas también prevalece el temor a que las operaciones del Insabi obstaculicen su acceso a la salud, pues hablan de que podría haber despidos. Al menos así piensa Lucía, una mujer que trabaja en un hospital de Nezahualcóyotl, Estado de México, y cuenta que ahí el personal de las oficinas encargadas del programa fue separado de su cargo. Ella acudió al Hospital General de Xoco para que atendieran en urgencias el problema neurológico de uno de sus familiares; en su celular llevaba la fotografía del Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2o19 donde se emitieron las reglas de operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, que contempla la creación del Insabi; cargó con la imagen en caso de que trataran de cobrarle el servicio. “Ya está en la ley, no tendría que pasar”, dijo. Lucía es la excepción entre las personas que asisten a los centros de salud y al Hospital Xoco por primera vez, cuestionados por este diario varios aseguraron que no sabían de la existencia del Insabi y sí esperaban que les cobraran los servicios médicos porque no cuentan con Seguro Popular. Martha, otra mujer que esperaba afuera del Hospital Xoco los resultados sobre la salud de su papá, expuso que personal del área de Trabajo Social no le explicó que el Seguro Popular de su padre expiraría ni le comentó sobre la entrada en operación del Insabi, solo le pidieron tramitar un documento que acredite su incorporación al Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, de no hacerlo tendrá que pagar los gastos de hospitalización de su familiar. “Él sí tiene Seguro Popular y lo internamos a finales del año pasado, pero me dicen que debo tramitar su hoja de gratuidad porque sino sí nos cobrarán los días del 2020 pase aquí”, contó. En sus redes sociales, las oficinas del Seguro Social de la Ciudad de México sólo han emitido un aviso donde informan que, de acuerdo con la Secretaría de Salud local, “todas las personas sin seguridad social quedarán protegidos por el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos” y se les solicita registrase o actualizar sus datos en el Padrón de Gratuidad. Para quienes no contaban con Seguro Popular nada ha cambiado en los centros de salud y hospitales, ahí el personal de Trabajo Social es claro en explicarles: en caso de no contar con Seguro Popular las consultas se les cobrarán, y si quieren tramitarlo -les dicen pese a que el programa ya no existe- deben esperar al 8 de enero, cuando probablemente regresen los trabajadores de las oficinas encargadas de afiliar a la gente a la política pública anterior y les den respuestas. Aún con la falta de información y con los testimonios que corroboran que el programa no se ha puesto en operación, el Presidente López Obrador no respondió si se tienen planeadas campañas informativas para la población. Cuestionado sobre la desinformación que prevalece en el tema en su conferencia matutina del 2 de enero y qué contempla su Gobierno para erradicarla, el mandatario se limitó a celebrar el inicio de operaciones del Insabi. “[El inicio de operaciones del Instituto] fue un primer paso; es decir, atención médica y medicamentos gratuitos”, dijo el Jefe del Ejecutivo.
SEGURO POPULAR, EL ANTECEDENTE La creación del Insabi surge como resultado a las críticas que el Jefe del Ejecutivo desde que era Presidente electo. El 14 de diciembre de 2018 anunció que iniciaría un programa piloto de salud en ocho estados para remplazar el Seguro Popular de manera paulatina y la creación del Insabi se concretó el pasado 14 de noviembre, cuando el Senado de la República reformó la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. El mandatario ha criticado en diversas ocasiones que el programa “ni es seguro, ni es popular”. El instituto remplazó así al Seguro Popular, con más de 51 millones de afiliados, después de operar durante 16 años. El programa fue creado en 2006 bajo la Presidencia de Vicente Fox Quesada y continuó en operaciones durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojos y Enrique Peña Nieto, en esos años, el programa contemplaba servicios básicos de manera gratuita, pero para algunos padecimientos y cirugías las y los beneficiarios debían pagar una cuota de recuperación.
La operación del Seguro Popular también estuvo marcada por irregularidades. Tan sólo el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en en 2017, a través del Seguro Popular, se otorgó financiamiento para que 53 millones 505 mil 187 personas accedieran a 348 intervenciones de salud, pero a 14 años de operación, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) -encargada del programa- no contaba con datos que permitieran evaluar si se garantizó el acceso a servicios médicos de manera gratuita tal como lo estipulaba el programa. A ello se suma que en el mismo análisis de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, la ASF halló que 20 estados del país pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales, incluyendo el Seguro Popular. Los datos fueron informados en su momento por SinEmbargo. En el informe resaltaron los casos de Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y el Estado de México. En Campeche la ASF alertó que se fueron 3 millones 995 mil 746 pesos en el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, pagos que no estuvieron autorizados por la Secretaría de Salud. Para San Luis Potosí se detectaron 541 mil 543 pesos como daño al erario porque se destinaron al pago de personal que no cumplía con el perfil con el que fueron contratados en el Seguro Popular. Algo similar ocurrió en Guerrero, donde se destinaron 4 millones 737 mil 016 pesos al pago de 21 servidores que no acreditaron el perfil académico necesario.
Mientras que en Oaxaca se usaron 22 millones 052 mil 419 pesos para pagar a 90 personas de los que no se pudo verificar si laboraron para los beneficiarios del Seguro Popular. El Estado de México fue señalado por al ASF por pagos excesivos a trabajadores con recursos del Seguro Popular destinados para 2017. Otro dato por el que la ASF alertó desde el 2017 fue que en cuatro años del Gobierno de Peña Nieto, de 2013 a 2017, la cobertura del Seguro Popular se redujo en 6.2 puntos porcentuales, pues pasó de 85.4 por ciento (55 millones 637 mil 999 personas afiliadas) a 79.2 por ciento (53 millones 505 mil 187 personas afiliadas). -Con información de Daniela Barragán y Montserrat Antúnez Estrada |
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