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MILENIO
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.- Un Tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que levante el aseguramiento de ocho cuentas bancarias congeladas a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, por lo que podrá hacer uso de éstas y de los rendimientos que hayan generado desde 2002. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) nunca pudo demostrar que Ávila Beltrán, como se afirmó, tiene vínculos con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y que coordinaba los envíos de cocaína a Estados Unidos.
Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó la protección de la justicia a Sandra Ávila para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, deje sin efecto el acuerdo de 7 de agosto de 2002, a través del cual ordenó el aseguramiento de todas las cuentas bancarias. Los magistrados señalaron que, pese al amparo concedido por una juez federal, los efectos fijados no fueron del todo claros, “pues de ellos se observa que no especificó respecto de cuáles cuentas bancarias de la quejosa debía levantarse su aseguramiento, es decir, número de cuenta e institución donde están radicadas cada una de ellas, sino que solamente señaló de manera genérica que debían descongelarse las cuentas bancarias que le hubieren sido aseguradas”. El MPF deberá emitir un nuevo acuerdo y ordenar el levantamiento de dicho aseguramiento, “así como la devolución del numerario contenido en esas cuentas, y de ser el caso, sus respectivos rendimientos”, indica la sentencia.
La autoridad ministerial deberá informar a la quejosa del procedimiento y girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre dicha determinación. La CNBV también debe notificar a las instituciones bancarias que hayan asegurado las ocho cuentas, para que procedan a su descongelamiento. Las cuentas bancarias están radicadas en los Banco Santander (México); Banco Mercantil del Norte; HSBC México y BBVA. El 3 de diciembre de 2010, La Reina del Pacífico ganó un juicio contra la PGR, dependencia que la acusó del delito de delincuencia organizada.
El juez 18 de Distrito de Procesos Penales Federales, Fernando Córdova del Valle, determinó absolver a Sandra Ávila y a su pareja sentimental Juan Diego Espinoza, El Tigre, de dicho delito, toda vez que las pruebas, además de insuficientes, no acreditaban las circunstancias de tiempo y lugar. Posteriormente, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, confirmó la sentencia dictada en primera instancia. Para evitar que quedara libre, durante un cateo realizado por la PGR en Jalisco, supuestamente encontraron en una de sus propiedades un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por este delito se ordenó que compurgara una pena de un año de prisión. El 9 de agosto de 2012, Sandra fue extraditada a Estados Unidos, después de cinco años presa. Luego de un año de estar bajo custodia de los norteamericanos, un juez de Miami consideró que había cumplido con su pena de 70 meses de prisión, ya que tomó en cuenta el tiempo que estuvo presa en México. Ávila Beltrán fue repatriada y de nuevo pisó la cárcel en México el 20 de agosto de 2013, para concluir un juicio por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual fue exonerada por un Tribunal Colegiado en 2015, recobrando así su libertad.
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