.- Mientras la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns sigue envuelta en la polémica por su decisión de reclasificar el delito de feminicidio, presuntamente para “maquillar” las cifras y difundirlas como un logro de la actual administración (lo que no desaparece los asesinatos de mujeres), lo que fue denunciado por organismos universitarios y organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, el subprocurador regional Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República, Roberto Andrés Ochoa Romero, reconoció este viernes en Xalapa, que entre 2015 y 2019 el delito de feminicidio aumentó en el País 138 por ciento. En el marco de la primera sesión ordinaria zona sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario federal afirmó además que la impunidad en los casos llega al 75 por ciento y que en el mismo periodo se registró un aumento de 36 por ciento en el número de homicidios contra mujeres. “Tan solo en 2019 – aceptó, en el primer año de la Cuarta Transformación - las víctimas de ambos delitos ascienden a casi 3 mil 800” y en contraste durante el mismo periodo la impunidad en materia de feminicidios es cercana al 75 por ciento y de hasta el 90 por ciento en casos de homicidios contra mujeres, lo cual consideró como un problema perturbador. Por lo anterior, el Subprocurador de la FGR señaló que es preciso reconocer y entender “que actualmente las mujeres se enfrentan a un clima de crimen de violencia de género que restringe sus posibilidad de derechos y pone en riesgo su seguridad, integridad y dignidad”. Sin embargo, Ochoa Romero justificó la importancia de las reformas y modificaciones que deben hacerse sobre las versiones de tipo penales de feminicidios propuestas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. “Tienen el objetivo de fortalecer la actuación de los agentes del Ministerio Público para que la labor sea contundente en la erradicación de este flagelo social”. En el mismo sentido, el funcionario reconoció que las complicidades, ineficiencias operativas y uso faccioso de las instituciones han traído como resultado la erosión y la fragilidad del Estado de derecho. “Ha dado paso a una situación intolerable e insostenible de inseguridad por los altos niveles de corrupción que privaron en el quehacer político durante muchísimo tiempo”, aseguró. En conclusión, el funcionario afirmó que se requiere que las fiscalías y procuradurías participen activamente en tareas que permitan una persecución penal estratégica, útil e inteligente para impactar a estructuras criminales que laceran los derechos humanos. Por su parte, pese a que fue acusada por organizaciones civiles de violar tratados internacionales al reclasificar el feminicidio, la encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns presumió que en la procuración de justicia “no caben complicidades ni simulaciones”, y expuso que se busca que las fiscalías respondan a los retos que se enfrenta como sociedad “partiendo de la erradicación de vicios estructurales en materia de procuración de justicia que solo abonan a la corrupción e impunidad”. En ese tenor, la funcionaria afirmó que la transparencia, imparcialidad, honor, el valor y vocación de servicio deben ser los ejes rectores que guíen la responsabilidad que tienen. De paso, la Fiscal encargada señaló que los temas que tocarán en el Foro serán el registro nacional de extinción de dominio y el registro nacional de detenciones cuya implementación para los delitos de fuero común deberá concretarse a más tardar el primero de abril próximo y cuyo objetivo es prevenir la violación de los derechos humanos, así como otros “temas sensibles y de especial importancia como el delito de feminicidio que sin duda amerita un estudio responsable y exhaustivo para su clasificación e investigación para llegar a la verdad de los hechos en cualquier muerte violenta de mujer”. Sin embargo, de acuerdo con las crónicas del evento, lo que más llamó la atención fue que a reporteros y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación les realizaron una revisión exhaustiva para ingresar al espacio sede, pues no solo les pidieron que pusieran en las mesas sus pertenencias de trabajo, sino que fueron revisados uno por uno por un elemento de la Fiscalía, acompañado de un binomio canino, lo que como era de esperarse molestó a los representantes de los medios, que calificaron el hecho como una exageración, pues nunca había ocurrido algo similar en administración anteriores. Como si los trabajadores de la comunicación fueran un riesgo para la procuración de justicia. Vaya historia.
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