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| Con dudas, IP sobre acciones contra fase 3. | ||||
| El sector privado tiene dudas sobre las acciones dictadas por el gobierno Federal para combatir la fase 2 y fase 3 de la pandemia del COVID-19 | ||||
| Viernes 27 de Marzo de 2020 | ||||
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió aclarar el Acuerdo de medidas preventivas para la mitigación de la nueva enfermedad de la Secretaría de Salud. “De esta manera podrá haber uniformidad en los criterios de aplicación de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar su eficaz implementación a nivel nacional”, señaló la cúpula empresarial. De igual forma, recomendaron coordinar los esfuerzos para que a nivel federal, estatal o municipal no se limiten los horarios o se restrinja el acceso a las diferentes ciudades y poblados de la República Mexicana al transporte, para garantizar el abasto de productos y la provisión de servicios a la población durante esta pandemia. Los organismos pidieron precisiones de interpretación para los casos de suspensión de actividades, y sobre la definición de los grupos sociales vulnerables. Por eso, el CCE, los 12 organismos que lo conforman, CEEG, Conméxico e Index, solicitaron formalmente a la Secretaría de Salud una serie de precisiones. Las representaciones empresariales consideraron necesario aclarar el alcance de la disposición, a fin de determinar qué empresas del sector privado deberán prepararse para dar continuidad a sus operaciones. En el escrito, los empresarios consideraron de vital importancia combatir el COVID19 médicamente, y a la vez tomar los recaudos necesarios para limitar la afectación económica y social. Por ello, presentaron a la autoridad un listado de sectores críticos y trabajadores esenciales necesarios para mantener los servicios y funciones de los que dependen los mexicanos a diario, y que deben poder operar de manera eficiente durante la respuesta a la pandemia del COVID-19, con todas las precauciones sanitarias correspondientes. Asimismo, recalcaron que es importante que sea la Federación, la que dicte la normatividad aplicable para esta fase 2 y una posible fase 3, y de esta manera garantizar la certidumbre jurídica para la operación de estos sectores. |
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