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La Jornada
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Ciudad de México.- La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) demandó al Instituto Nacional de Migración (INM) que explique públicamente la decisión de trasladar a migrantes desde estaciones ubicadas al norte del país hasta el sur y, frente al cierre de la frontera ordenado por el gobierno de Guatemala, “abandonarlas sin recursos ni apoyo de ninguna especie, en un ambiente social hostil” para esta población.
Consideró que estas acciones configuran una práctica discriminatoria y son contrarias a la Ley de Migración. “Ante el cierre de fronteras por parte de los países vecinos y la negativa a recibir a sus connacionales, la respuesta mexicana requiere regularizar temporalmente a las personas migrantes y ofrecerles condiciones dignas de alojamiento, así como garantizar sus derechos fundamentales, como a la alimentación y a la salud, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales”, señaló.
La Asamblea, que integran especialistas en discriminación, expuso que dejar a su suerte a migrantes en localidades alejadas de servicios públicos exacerba la xenofobia en las comunidades fronterizas, incrementa la dificultad de acceso a los servicios de salud y limita la efectividad de las medidas de prevención y mitigación frente al Covid-19.
En un pronunciamiento, indicó que las niñas y niños no acompañados y familias con infantes, cuya detención en estaciones migratorias está prohibida por el marco jurídico nacional e internacional, así como las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con altos riesgos de complicación por el coronavirus debido a condiciones de salud, tienen que ser los grupos de atención prioritaria para la liberación inmediata, la regularización de su situación migratoria y la satisfacción de las necesidades más básicas.
Finalmente, exhortó al INM a que, con el acompañamiento del Conapred, encabece la formación de un grupo de trabajo que reúna al sector salud, a agencias de las Naciones Unidas y organismos civiles para aplicar de inmediato medidas integrales para prevenir y evitar riesgos sanitarios, así como violaciones a los derechos humanos de la población migrante.
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