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.- Los elevados índices de violencia en contra de las mujeres exigen que nadie pueda estar exento de su responsabilidad pública ante la gravedad de la realidad que vivimos, alertó el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado.
En ese sentido, el organismo del Poder Legislativo señaló que la denuncia interpuesta por la Diputada Local Mónica Robles Barajas en contra de un medio de comunicación que utiliza su imagen, su nombre y se refiere a ella de manera directa para causarle daño sienta un precedente sobre múltiples expresiones denostadoras en contra de las mujeres en la política que no tenían red legal de protección hasta ahora.
Señaló que las reformas legislativas realizadas durante 2020 y aprobadas por la LXV Legislatura Estatal con las que se tipifica la violencia política como una forma de violencia específica cometida en contra de mujeres que desempeñan una actividad pública con la intención de ocasionarles un daño político, nombra y reconoce una forma de violencia ampliamente cometida y hasta ahora no sancionada.
Por lo anterior, explicó que resulta fundamental que cuando se lleven a cabo ese tipo de denuestos públicos haya repercusiones legales. Es por ello que las denuncias penales interpuestas ante las fiscalías federal y estatal, así como la de violencia política llevada ante el OPLE y la de tipo civil, sientan un precedente en materia de derechos de las mujeres, pues buscan poner un alto a la difusión de contenidos que pueden llegar a tener consecuencias lamentables por sus implicaciones para las afectadas.
Recordó que la violencia política puede ser denunciada ante distintas instancias, como es el propio OPLE, el INE o el Tribunal Electoral que ha estado emitiendo sentencias sobre varios casos presentados, con lo cual se brinda certeza jurídica a las mujeres denunciantes, constituyéndose en una nueva herramienta de protección puesta al alcance de las agraviadas.
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