XALAPA.- Una de las pocas áreas del Poder Judicial del Estado, si no es que la única, donde Morena no ha podido meter la mano para manipular las sentencias a su antojo, es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), que ha mantenido, ese sí, su autonomía e independencia con respecto a los Poder Ejecutivo y Legislativo, cuyos tentáculos están metidos hasta la cocina en los organismos autónomos. Por lo anterior, el morenismo estatal se ha quejado de que, de las pocas resoluciones que han emitido los magistrados del TEJAV en los últimos años, la mayoría han sido para absolver a exfuncionarios yunistas de las observaciones, daños patrimoniales y resarcimientos detectados por el Órgano de Fiscalización Superior. Afirman que tan solo en este año, de cinco expedientes que han logrado resolver, en tres son para evitar que sean sancionados exservidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Veracruzano del Deporte. Así las cosas, dicen que a pesar de que en su momento el auditor general del Orfis, Antonio Portilla Vázquez, presentó los informes de las cuentas públicas documentando las irregularidades y dando las oportunidades de subsanar a los involucrados, estos no lo hicieron y en su lugar recurrieron a promover recursos ante los magistrados del TEJAV, quienes los han liberado de toda responsabilidad. De acuerdo con las versiones públicas de las sentencias que han emitido durante el presente año, tres fueron para deslindar a exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de presuntas irregularidades, como malos manejos de recursos, e incluso de asignar contratos a empresas fantasma. Tal es el caso en la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de la hoy senadora Indira Rosales San Román, donde el Orfis detectó un pago a una empresa de nombre D&P México Servicios Digitales, Sociedad Anónima de Capital Variable por un monto de 4 millones 771 mil 574 pesos por concepto de Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos de los Programas Sociales del Estado de Veracruz, pero no se encontraron datos fiscales de la empresa, como tampoco de que se hayan realizado los servicios contratados. Por este caso, dos funcionarios menores, directamente ligados a Indira Rosales San Román, fueron sometidos a procedimientos administrativos por parte del Orfis; sin embargo, los involucrados acudieron al TEJAV y ha quedado solucionado para ellos el tema. A su vez, en la Secretaría de Medio Ambiente, en particular en el Fondo Ambiental Veracruzano, se detectó un mal manejo de recursos públicos por parte del director de la Unidad Administrativa, por lo cual el Orfis le ordenó resarcir el presunto daño, pero al igual que en el caso anterior, los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz resolvieron que no había ninguna falta. Por otro lado, el Orfis ordenó resarcir un presunto daño patrimonial a exfuncionarios del Instituto Veracruzano del Deporte, pero los señalados promovieron el recurso 386/2021 y su acumulado 387/2021 alegando diversas violaciones por parte del ente fiscalizador. Sin profundizar en el estudio del tema, los magistrados del TEJAV acordaron dejar insubsistente todo el trabajo de fiscalización del Orfis, así como las sanciones emitidas. Frente a este panorama, la actual gestión del Orfis, a cargo de Delia González Cobos, intenta combatir las resoluciones de los magistrados, donde echan abajo todo el trabajo de años que viene realizando el ente fiscalizador por detectar irregularidades, lograr que se pague el daño y la sanción para los responsables. De lo que no ha dicho nada el Orfis es dónde están las denuncias y cuáles han sido sus resultados, de los múltiples señalamientos realizados por presuntas irregularidades denunciadas en diversas dependencias en el actual gobierno morenista.
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