De Veracruz al mundo
Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a México quitar figura de arraigo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Gobierno de México sobre la sentencia donde lo declara "responsable" de violar las garantías individuales de dos hombres que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva.
Miércoles 12 de Abril de 2023
Por: Excelsior
Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Gobierno de México sobre la sentencia donde lo declara "responsable" de violar las garantías individuales de dos hombres que estuvieron más de 17 años en prisión preventiva.

México es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial", de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron detenidos en 2002.

Estas personas fueron arrestadas como parte de las investigaciones por el homicidio de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.


Como parte de las medidas de reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México tiene un año para "dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre-procesal" y "adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa".

Al respecto, el gobierno mexicano dio a conocer que "analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos".

México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas", indicó en un comunicado de prensa la Cancillería y la Secretaría de Gobernación (Segob).

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