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XALAPA.- Como si el horno estuviera para bollos en el Poder Judicial, Gabriel Romero Reyes, acompañado de un grupo de ciudadanos, alzaron la voz y acusaron a esa instancia de brindar presunta protección a un empresario contratista en Xalapa, por lo que exigieron la reanudación del juicio de desalojo en su contra. Acompañado por un grupo de manifestantes, Romero Reyes caminó hacia la zona de Los Lagos, donde se encuentra la que asegura es su propiedad en la calle Mártires 7 de enero número 14, acusando que "la tienen la familia de ladrones Benito Corona y su familia". Romero Reyes, quien presentó una denuncia por despojo contra el empresario, aseguró que el Poder Judicial ha protegido a Corona desde 1989, año en que fue desalojado de su propiedad, valuada en ese entonces en casi 2 millones de pesos según registros hemerográficos. "De los juicios civiles que demandó el contratista Benito Corona Galindo se desprenden denuncias penales, lamentablemente las instituciones del poder público las utilizan para solapar a delincuentes", acusó el manifestante. Este caso tiene sus raíces en 1989, cuando, a través de dos juicios, la señora Antonia Reyes Cruz logró mantener la legal posesión del predio mencionado, a pesar de los intentos de Corona Galindo por arrebatárselo. Sin embargo, en juicios posteriores, señaló que el entonces juez Laurentino Sosa Capistrán habría aceptado favores económicos para beneficiar al empresario. Por lo anterior, el agraviado hizo un llamado a la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del presidente Andrés López, en busca de erradicar la persecución a aquellos que denuncian actos de corrupción y poner fin a los supuestos moches en el Poder Judicial. Gabriel Romero Reyes demandó justicia y solicitó el apoyo del gobierno para resolver este caso de apropiación ilegal, que lleva décadas sin resolverse y espera que se tomen medidas contundentes para poner fin a la impunidad. Así las cosas.
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