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XALAPA.- A pesar de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presume una y otra vez que en su gobierno se reconocen los derechos de las mujeres, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista en México, el Poder Judicial de Veracruz es opaco en cuanto a informar datos sobre la violencia de género en temas como el número de órdenes de aprehensión que ha emitido por este delito o las sentencias resueltas. Si bien, precisa que el Poder Judicial ha implementado buenas prácticas para acercar los servicios de justicia a la población, afirmó que aún existen deficiencias en la generación de información abierta. En ese sentido, el documento señaló que no existen datos oficiales del registro de órdenes de protección y de las sentencias emitidas por parte de las juezas y jueces, que es una forma de medir. En ese tenor, el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista en México refiere que con tal opacidad, el Poder Judicial de Veracruz incumple con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece el registro de datos en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). Además, Veracruz no cuenta con su propio registro de órdenes de protección, y en el PJEV se utilizan indistintamente los términos "medida de protección" y "orden de protección". El informe establece que esto puede generar confusiones tanto para las usuarias del sistema de justicia como para las autoridades que las emiten, ya que las medidas de protección están vinculadas a una demanda penal o un proceso judicial. En el caso de las órdenes de protección son autónomas y no requieren una denuncia o causa penal para ser emitidas por las autoridades. Entre los datos que lograron obtener por parte del Poder Judicial registra los casos ingresados y las sentencias dictadas, pero no publica información en formatos abiertos ni desagregada por variables socio-demográficas. Por otro lado, en lo que respecta a la capacitación judicial, determinó que Veracruz carece de un registro de las capacitaciones impartidas a su personal, lo que dificulta el seguimiento del nivel de especialización de los funcionarios judiciales.
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