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XALAPA.- Desde las propias filas de Morena, las inconformidades por la tala de árboles en Xalapa emprendida por el Gobierno de Veracruz, en Xalapa, llegaron a la Cámara de Diputados. La propuesta de la diputada federal, Ivonne Cisneros Luján, impulsa acciones en contra de la obra del paso a desnivel en Urban Center y el retiro de la vegetación para la construcción del paso vehicular superior en la avenida Lázaro Cárdenas. Es así que la legisladora morenista presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para detener la tala de árboles en Xalapa y frenar la construcción de la obra sobre la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz. A través de sus redes sociales, Cisneros Luján condenó la tala de árboles, calificándola como un atentado contra el derecho humano a un medio ambiente sano por parte del gobierno estatal, encabezado por su compañero de partido Cuitláhuac García Jiménez. "#AltoALaTala La reciente tala de árboles en vías y espacios públicos de #Xalapa nos ha dejado a muchos con tristeza y preocupación, además de atentar contra el derecho humano a un medio ambiente sano", escribió la legisladora. El punto de acuerdo contempla tres puntos que deberá atender el gobernador Cuitláhuac García, en caso de ser ratificado por los diputados que integran la Comisión Permanente: Detener la tala de árboles en Xalapa; Detener la construcción de la obra sobre la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz; Considerar una consulta ciudadana para evaluar el impacto ambiental y social de la obra. El conflicto se desató la noche del pasado 17 de julio y madrugada del 18 de julio, cuando trabajadores derribaron al menos 42 árboles en la avenida Lázaro Cárdenas para construir un puente vehicular. En respuesta, los ciudadanos se plantaron para defender la vegetación y exigir detener los trabajos. Desde entonces, el enfrentamiento entre ciudadanos y el gobernador Cuitláhuac García ha sido evidente, pues mientras el mandatario ha justificado la acción y minimizado las manifestaciones en contra, los inconformes han promovido acciones legales para combatir la decisión de la autoridad estatal, la cual ha sido descrita como un ecocidio, a tal grado de que obtuvieron amparos de jueces federales para frenar la obra.
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