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XALAPA.- El padre de un menor de identidad reservada, quién ha luchado por más de 3 años por ver a su hijo y ha tenido que enfrentar un sistema judicial lento y burocrático, dio a conocer que la Fiscalía General de la República, FGR, dio un revés a la impunidad al citar al doctor Netzahualcóyotl N, adscrito al Hospital General de Zona 11 del IMSS, en Xalapa, ante un Fiscal de control investigador por certificar enfermedades presuntamente falsas con el fin de evitar que el niño conviva con su padre. “Para muestra, un botón. Si este señor fue capaz de hacer esto ¿Qué otras cosas no hará dentro (y fuera) de su ejercicio profesional? Incumplió totalmente con su juramento hipocrático y mostró la clase de médico que es”, afirmó el agraviado. Dentro de la carpeta de investigación PZR/DVII/F1/258/2023, también están siendo investigadas la Juez familiar Cecilia N y Petra Elena N por posibles delitos por ejercicio abusivo de funciones y prevaricación. En ese tenor, al estancar procesos mediante chicanadas legales (como recetas médicas a modo), hasta resoluciones arbitrarias, padres y madres de familia han denunciado ser víctimas del terrorismo procesal de estas servidoras quienes ya cuentan con quejas por irregularidades ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y ante el Consejo de la Judicatura quien pareciera que cobija totalmente la impunidad total de estas funcionarias. “No podemos permitir esta clase de servidores públicos que, de manera psicópata, actúan con malicia y desconsideración. Estas señoras deberían usar sus cargos públicos para administrar justicia de manera justa, digna y humana”, aseguró; no obstante, “con dolo y a sabiendas de que está mal, hacen todo lo contrario y usan su poder para dilatar juicios, evitar convivencias sin importar el sufrimiento y daños psicológicos permanentes e irreversibles a la niñez”. De igual forma, la Fiscalía investiga a los abogados Margarita N, José A. N y Dolores N, quienes presuntamente planearon con las jueces y el médico señalado cómo interponer recursos totalmente improcedentes para dilatar lo más posible y suspender un juicio, lo cual es un delito previsto en el artículo 231 del Código Penal Federal y 251 del Código Penal para el Estado de Veracruz. “Es alarmante que estos pseudo abogados carentes de ética profesional, usen sus conocimientos para ayudar a destruir la vida de familias enteras sin ningún tipo de remordimiento mientras que además les vacían los bolsillos”. “¿Por qué dos jueces de lo familiar y un médico fueron persuadidos por abogados de quinta para ensuciar sus cargos? Su obligación era ayudar a un niño, buscar su interés superior supremo; no lastimarlo ni dañar sus derechos humanos”, cuestionó el padre agraviado. Refirió que lo anterior revela que no se tienen instituciones confiables sino que en ellas existen servidoras públicas corruptas que no les importan los daños ocasionados. Por último, consideró que quien, desde el poder, atenta contra menores indefensos, “se merece todo el desprecio, todo el castigo y toda la condena de cualquier sociedad sana porque nos desagradan (y mucho) los tiranos”, concluyó.
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