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XALAPA.- Luego de que, conforme a la ley, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dio inicio a la etapa de solventación, para que los involucrados puedan aclarar el presunto daño patrimonial de mil 503 millones 890 mil 803.76 pesos en la Cuenta Pública 2022, los servidores públicos estatales y municipales cuyas dependencias o ayuntamientos resultaron con observaciones tendrán su última oportunidad de solventar, antes de que se presenten denuncias o responsabilidades administrativas. La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz refiere que tras un mes de la aprobación del Informe de Resultados, ahora los entes observados deben acudir a intentar solventar. Sin embargo, quienes no logren hacerlo, tras el plazo que establezca el Orfis, entonces dependiendo la observación, podrá ser denunciado de manera directa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o bien iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. Una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, el ente fiscalizador debe otorgar el derecho de audiencia, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que los servidores o exservidores públicos puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes. Habría que recordar que del total del probable quebranto financiero, mil 305 millones 891 mil 261.47 pesos son en 195 ayuntamientos. Entre los ayuntamientos observados con el mayor presunto daño patrimonial en su primera Cuenta Pública son Medellín de Bravo, que debe solventar 84.6 millones de pesos; Cotaxtla, 82.4 millones de pesos; Sayula de Alemán, 58.4 millones de pesos; San Andrés Tuxtla, 53.5 millones de pesos; Coscomatepec, 45.7 millones de pesos; Ilamatlán, 44.8 millones de pesos e Ixhuatlán del Sureste, 43.4 millones de pesos.
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