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Excélsior /
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Ciudad de México.- La situación en torno al Consejo de la Judicatura Federal se ha intensificado tras la detención de 12 personas vinculadas con la empresa Shield Seguridad Privada NSU Proteccion SA de CV, contratada por este órgano del Poder Judicial de la Federación. La Policía Estatal del Estado de México, en una operación llevada a cabo por elementos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), ha destapado no solo la falta de documentación legal para el desempeño de las funciones de seguridad, sino también la presentación de documentos apócrifos y la posesión de armas de fuego sin justificar su procedencia legal.
El descubrimiento de documentos falsificados por parte de los elementos de seguridad privada y la detención de armas de fuego sin justificar, agrava la gravedad del caso. Este incidente no solo cuestiona la operación de la empresa involucrada, sino que también pone en duda la eficacia de los mecanismos de control y supervisión empleados por el Consejo en la selección y contratación de sus proveedores de servicios.
La implicación del Consejo de la Judicatura Federal en estos hechos ha llevado a un llamado urgente a poner un ojo en lo que pasa en el Estado de México Gobernado por la recién electa Delfina Gomez. La sociedad demanda transparencia, diligencia y responsabilidad, especialmente de un órgano tan influyente y vital para el mantenimiento de la justicia en el país.
El Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, ha reafirmado su compromiso de abordar estas cuestiones con la seriedad que ameritan, asegurando una respuesta firme y medidas correctivas para enfrentar las irregularidades reveladas. La población espera que este incidente conduzca a un fortalecimiento en la regulación y supervisión de la irregularidad de esta empresa, así como a una revisión exhaustiva de los procesos de contratación en entidades gubernamentales, para proteger la integridad de las instituciones y asegurar la seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso, enfocándose en asegurar que se apliquen todas las sanciones correspondientes y evitar la repetición de tales incidentes, reafirmando el compromiso del estado con la legalidad, la justicia y la seguridad pública.
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