XALAPA.- En medio de una creciente preocupación por la persistente persecución política en el estado de Veracruz, la exjueza Angélica "N" ha sido nuevamente vinculada a proceso por presuntos delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública. Esta situación genera una profunda inquietud en la sociedad veracruzana, que ve cómo se repiten patrones de hostigamiento y represión contra opositores políticos. Es la segunda vez que la justicia de Veracruz acusa a la exjueza de tales delitos, lo que refleja la parcialidad de las acciones emprendidas por las autoridades judiciales en el estado. ¿Es realmente justicia lo que se está buscando, o se trata más bien de una campaña de persecución política? Según las acusaciones, Angélica "N" habría utilizado su cargo para favorecer a Itiel "N", conocido como "Compa Playa", en un caso relacionado con su libertad; sin embargo, más allá de los detalles específicos del caso, la vinculación a proceso de la exjueza evidencia que la independencia del poder judicial simplemente no existe. Importante resaltar que el juez de control del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, determinó que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Por lo anterior, resulta alarmante que en un estado cada vez menos democrático se sigan presentando situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que ejercen funciones judiciales. La acusación de tráfico de influencia y otros delitos graves es un asunto serio que debe ser tratado con la debida rigurosidad y objetividad, pero también con el respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías procesales de los acusados. En un momento en el que la tensión política en Veracruz parece estar en su punto más álgido, es fundamental que las autoridades actúen con prudencia y transparencia, garantizando que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera imparcial y justa. La estabilidad y la paz social en el estado dependen en gran medida del respeto a la legalidad y el estado de derecho, y cualquier indicio de abuso de poder o manipulación política debe ser investigado y sancionado con firmeza.
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