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Foto:
.Europa Press / Archivo
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Madrid.- La política española está inmersa en una serie de escándalos políticos que han enfangado el debate público. El último, el que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las líderes emergentes de la derecha del Partido Popular (PP), está siendo cuestionado de su cargo por la situación fiscal de su pareja, el empresario Alberto González Amador, que está siendo sometido a una inspección fiscal en el que habría incurrido en un fraude de más de 350 mil euros.
El caso abierto contra la pareja de Díaz Ayuso está en una fase inicial, es decir los fiscales presentaron la denuncia ante un juez, basándose en un informe de los técnicos de la Agencia Tributaria, y ahora el magistrado de turno deberá decidir si abre un proceso judicial, que sería de carácter administrativo a tratarse de una falta de fraude fiscal a través de las sociedad mercantiles que tiene a su nombre. El empresario investigado fue uno de los grandes beneficiados de los contratos públicos durante la pandemia, por la compra de mascarillas, si bien él siempre actuó como intermediario de empresas privadas. Un caso parecido al del hermano de Díaz Ayuso, que fue investigado por comisiones ilegales tanto por la Fiscalía española como por la europea, pero finalmente se archivó su causa.
El presidente Pedro Sánchez exigió hasta en cuatro ocasiones la “dimisión” de Díaz Ayuso por este caso, en el marco de una sesión de control del gobierno en el Parlamento español, en el que la oposición le acorraló por el otro gran caso de corrupción que está de actualidad en la política española y que afecta de forma directa al gobierno actual y a su actuación durante la pandemia. De hecho, el PP contraatacó con una denuncia contra Sánchez por “conflicto de intereses”, al no abstenerse en el rescate millonario público que aprobó su gobierno en beneficio de la empresa Globalia y Air Europa, con la su esposa, Begoña Gómez, mantiene una relación laboral.
Adelantan las elecciones en Cataluña
El presidente de Cataluña, el independentista republicano Pere Aragonès, anunció el adelanto de las elecciones autonómicas en la región, que se celebrarán el próxmo 12 de mayo. Este decisión la adoptó de forma urgente y ante el fracaso en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos del gobierno, que sólo contaron con los apoyos de su propio partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Ni Junts per Catalunya (JxCat) ni En Comú Pódem aceptaron apoyar la iniciativa, con lo que el gobierno se encontraba en la tesitura de prorrogar los del año pasado y paralizar así importantes proyectos de inversión previstos para este año, entre ellos algunos vitales para la lucha contra la sequía, o convocar elecciones. Al final optó por el adelanto de los comicios, en los que tendrá a sus dos principales adversarios en una situación complicada: el PSC, asfixiado por el caso de corrupción del gobierno central, y a JxCat sin un candidato firme y con su líder natural, el ex presidente Carles Puigdemont, todavía sin poder regresar al país, a la espera de que se apruebe la ley de amnistía.
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