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Asesinato del periodista Javier Valdez: organizaciones exigen extradición del 'Mini Lic' a siete años del crimen.
A siete años del asesinato del periodista Javier Valdez, organizaciones y familiares insistieron en la extradición del "Mini Lic", presunto autor intelectual. “El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda", señalaron.
Miércoles 15 de Mayo de 2024
Por: animalpolitico.com
Foto: animalpolitico.com
Ciudad de México.- A siete años del asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, familiares, organizaciones, periodistas y medios de comunicación exigieron al gobierno mexicano lograr la extradición de Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, presunto autor intelectual del crimen.

“El Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda grande en el caso: lograr la extradición del presunto autor intelectual”, dice un comunicado firmado por Propuesta Cívica, el Comité para la Protección de Periodistas, Tejidos Solidarios, Artículo 19, RíoDoce y Reporteros Sin Fronteras.

El “Mini Lic” se entregó a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) por cargos de narcotráfico en 2017 y, junto con su padre Dámaso López Núñez, cooperó con las autoridades a cambio de reducir sus sentencias.


En septiembre de 2022 el “Mini Lic” fue liberado luego de que un juez federal de la Corte del Distrito Sur de California determinó que debería salir libre por su cooperación con las autoridades. Actualmente se encuentra en calidad de procesado y testigo clave en múltiples procesos judiciales.

Griselda Triana López, viuda del periodista, se sumó a las exigencias de extradición y de justicia en un evento realizado en el busto de Valdez junto a la Catedral de Culiacán: “Hoy se cumplen siete años de su asesinato, pero también siete años de impunidad”.


Las organizaciones y el gremio periodístico señalaron que los compromisos bilaterales entre Estado Unidos y México no deberían ser excusa para dejar en impunidad los delitos cometidos por personas extraditadas “ni invisibilizar las voces de las víctimas que exigen justicia”.

¿Cuántos sentenciados hay por el homicidio de Javier Valdez?
Por el homicidio de Javier Valdez, uno de los autores materiales, Heriberto Picos Barraza, optó por ser sentenciado a través de un procedimiento abreviado, por lo que fue condenado a 14 años y 8 meses desde el 2020.

En octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación de Sinaloa confirmó la sentencia en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, por la cual se le impusieron 32 años de prisión, aunque aún podría iniciar un juicio de amparo directo contra dicha decisión.

“Saludamos el trabajo de investigación y litigación desarrollado por la FEADLE y en sus inicios por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, así como la imparcialidad del Poder judicial federal durante los procesos penales, los cuales sin duda ayudaron a la emisión de fallos condenatorios apegados a la legalidad”, señala el comunicado.



¿Qué exigencias se mantienen a siete años del asesinato?
A la Fiscalía General de la República:

– A través de FEADLE: garantizar que la línea de investigación relativa a la autoría intelectual se encuentre debidamente fortalecida, además de garantizar la protección de testigos y resguardar la información que de ellos se obtuvo en relación al caso.

– A través de la Coordinación de Asuntos Internacionales: evitar retrasos injustificados en la entrega de información al gobierno de Estados Unidos para continuar el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.

– Mantener el diálogo con la familia de Javier Valdez y las organizaciones de la sociedad civil acompañantes.

– Continuar los refuerzos para disminuir la impunidad de los delitos de alto impacto cometidos contra la libertad de expresión en México, incluyendo la debida atención e investigación en casos de amenazas de muerte.

Al Gobierno de México:

– Incentivar la colaboración entre las instituciones, principalmente entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervienen en el proceso de extradición de Dámaso López Serrano.

– Propiciar la coordinación entre autoridades locales y de los tres niveles para garantizar la prevención y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

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