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XALAPA.- Durante una ponencia en la Casa de Cultura Jurídica con sede en la ciudad de Xalapa, la maestra Daniela Suárez de los Santos, única veracruzana seleccionada por los tres poderes de la Unión que aspira a ser jueza, se refirió a los “Estándares relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia Familiar”. La jurista explicó que se abordaron temas relacionados con las reformas constitucionales emitidas por la SCJN en materia de Derechos Humanos desde junio de 2011 que ha protegido a la familia, pero específicamente a grupos en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, infancias, indígenas y personas con discapacidad. Con relación al tema de la protección a los infantes, dijo que todas las personas juzgadoras están obligadas a aplicar el principio en todas las resoluciones y sentencias que emitan, en las que tienen que velar por la protección al interés superior de la infancia. En cuanto a los menores de edad que son exhibidos en redes sociales, sobre todo cuando hay problemas entre los padres que publican las fotografías, Daniela Suárez, explicó “se tiene que privilegiar la protección a la intimidad y la privacidad de los infantes porque no pueden ser exhibidos de esa manera y tienen que ser protegidos, se tiene que salvaguardar bajo cualquier circunstancia y es un eje rector parte del Artículo Cuarto de la Constitución”. Muchas veces los menores de edad son utilizados por sus progenitores como arma para presionar, dañar al padre o la madre, que en este último caso es violencia vicaria con lo que se busca lastimar a la mujer con el daño a los hijos, explicó. “Aquí se tiene que proteger principalmente a la infancia, y esto es obligación del estado el asignar representantes especiales cuando se note evidente conflicto de intereses entre los progenitores quienes en principio llevan la representación de los niños”, señaló. La experta en derecho refirió que la protección a los menores de edad debe ser considerada de relevancia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tomen medidas para proteger a la infancia. Si hay un menor involucrado, lo más relevante, “es proteger a la infancia involucrada”, conforme a las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También destacó que el caso adquiere mayor relevancia cuando el menor es una niña, en casos de violencia sexual, una menor con discapacidad, “cuando hay diferentes factores que ponen a la infancia en diferentes situaciones de vulnerabilidad”, pues indicó que no es lo mismo un niño nacional a uno migrante, una menor sin discapacidad a una que sí, o un menor que habla español a uno que es indígena. También señaló que es importante escuchar a los menores, porque se tiene la concepción errónea de que los niños no saben lo que quieren o que el juez y los padres deben decidir por ellos pero no, “eso es algo que ya quedó superado y los criterios jurisdiccionales implican que las personas juzgadoras tienen la obligación de escuchar a los menores y saber qué es lo que quieren, saber si en casos de custodia estar con su mamá, papá, abuelos, donde el infante sienta seguridad dentro del seno familiar”, concluyó.
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