De Veracruz al mundo
Candidatas y candidatos se enfrentan al desconocimiento y desinterés ciudadano de la elección judicial.
Durante el periodo de campañas, las personas aspirantes a un cargo judicial local hicieron uso de todos los medios posibles a su alcance para promocionar su candidatura. Pese a los esfuerzos, se cuestionan si la inversión de tiempo y dinero servirá de algo.
Miércoles 28 de Mayo de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- Luis Alberto García García Gutiérrez es un abogado que dirige el área jurídica de una empresa inmobiliaria, experiencia laboral con la que aspira a enfrentar un nuevo reto profesional: convertirse en presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, razón por la que ha salido en busca de la simpatía popular, en todos los escenarios que cruzan por su mente.



Ha intentado, por ejemplo, encontrar posibles electores entre los asistentes a la plaza municipal en Teoloyucan, al norte de la entidad, a quienes les reparte volantes con su imagen.

También ha buscado respaldo ciudadano en el centro de rehabilitación para personas con adicciones en el que, de vez en cuando, ofrece asesorías jurídicas, para reiterar entre las personas internadas y sus familiares que él será una de las opciones por las que podrán votar este 1 de junio.


Y en su intento por ser reconocido, incluso, ha acudido a donar sangre, portando una playera blanca en la que imprimió los datos de su candidatura.


Darse a conocer entre la población, explica el candidato, no ha resultado sencillo, pues el reto consiste en lograr que la gente recuerde el número asignado a su postulación y el color de la boleta en el que deben marcar ese número (de entre las 10 boletas que recibirán al llegar a la casilla), más que su nombre, rostro o promesas de campaña.

—Buenas tardes –dice el candidato, con su mejor semblante, a la gente que se aproxima–, ¿le puedo regalar un volante? Es de la elección judicial. No sé si sabía que había una elección… ¿Sí sabe para qué se va a votar?

–Para algo de justicia o algo así, ¿no?…. —le responde una comerciante de yogures.


—Tu servidor –se presenta él–, estoy de candidato…

—Es lo que estoy viendo, pero no se parece al de la foto. Usted debe de venir tal y como está aquí —dice la mujer, con una sonrisa, en referencia a la fotografía del volante, en la que el candidato viste traje y corbata— para que sea un ‘Peña Nieto’, si no no va a jalar gente.

La charla es breve. El candidato le sugiere a la comerciante que visite sus redes sociales, para que revise sus propuestas, y luego avanza hasta una carnicería, en donde una joven cliente se niega a recibir su propaganda.


“Así está bien, gracias”, dice la joven, con amabilidad, rechazando el volante que el candidato le extiende.

“Algunos ciudadanos ni te contestan –lamenta éste–, no te reciben ni te responden al saludo, o a la petición de recibir un volante. Y te tragas el ego, el orgullo, y pues sigues, ¿no? Porque tampoco los puedes culpar. También están los que sí te reciben la propaganda, pero dicen ‘no’. ¿Campaña? ¿Voto? ¿Elección?: no”.

El primer reto para los aspirantes en su afán de difundir su candidatura es corroborar si las personas saben que habrá una elección judicial el 1 de junio. Después, si saben qué cargos se van a elegir. Luego, explicar por qué puesto compiten y por último que las personas recuerden el color de la boleta y los números que corresponden a su candidatura.

“Te encuentras con que algunas personas sí saben que había una elección –detalla–, pero no saben exactamente qué se va a votar. Les explicas y entonces viene la pregunta: ‘¿Esas personas qué? ¿Qué hacen? ¿Para qué son?’”.




“Apuesta a ciegas”
Debido a la falta de financiamiento público para las campañas, así como a que la normativa de la elección impide a los aspirantes organizar grandes concentraciones públicas, las 13 personas que contienden por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México difunden su imagen principalmente por redes sociales y con volanteo, lo cual resulta no sólo cansado, sino una apuesta a ciegas en la que puede perderse todo el tiempo y dinero invertidos.

“Gastas tus ahorros en una campaña para la que no tienes el conocimiento –lamenta el aspirante–, con muchas complicaciones y, además, ante el desconocimiento general por parte de la sociedad y de la ciudadanía. Muchas veces, durante estos días, me he cuestionado si la inversión de mis ahorros va a dar el resultado buscando, cuando la sociedad no está enterada o no le interesa. No tenemos la estructura que tienen los partidos políticos para promover a sus líderes. No tenemos el financiamiento público que tienen los partidos políticos para hacer campañas. Ha sido muy complicado hacer llegar mi mensaje”.

Para poder realizar su campaña, este candidato tuvo que platicar con sus jefes en la empresa inmobiliaria donde labora para tomar días libres, a cuenta de vacaciones, mientras que en la escuela donde imparte clases recibió el apoyo de profesor adjunto, que lo sustituye mientras hace proselitismo.

“Al no tener la certeza de que voy a ganar no puedo apostar todas mis canicas a la campaña –reconoce, con pesar–. No puedo dejar mi trabajo para jugármelo todo en la campaña porque, si pierdo, me quedo como el perro de las dos tortas: sin ninguna de las dos. Por estar jugándole al político, terminaría por quedarme sin trabajo”.



Trabajo o campaña

Este horizonte adverso que se presenta ante los aspirantes que contenderán en la próxima elección judicial del 1 de junio, no está limitado al Estado de México. Se extiende por las 19 entidades en las que se renovarán los poderes judiciales locales.

“Yo me siento muy cansada –reconoce Cristina Borunda Carrasco, jueza de lo familiar en Bravos, la demarcación judicial más grande de Chihuahua–. Para las personas que no estamos acostumbradas a esta situación, que estábamos en nuestras casas u oficinas, lidiar con tantas cosas que conlleva una campaña política ha sido un trabajo físico y emocional muy fuerte”.

La jueza Borunda se postuló en la contienda, con el objetivo de permanecer en el cargo que desde hace dos años ocupa al frente de un juzgado familiar, en el que se dirimen únicamente solicitudes de divorcio voluntario. Para poder hacer campaña, se levanta a las 5 de la mañana para revisar redes sociales y después sale corriendo al juzgado.

Luego, entre 3 y 4 de la tarde deja el trabajo para retomar el proselitismo, aunque en muchas ocasiones se ha topado con que el público tiene más interés en hacerle consultas legales sobre pensiones alimenticias, convenios y divorcios, que en su candidatura.

En este distrito judicial –que comprende los municipios Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Villa Ahumada y Ciudad Juárez, Chihuahua–, se registraron 172 candidatos a jueces de primera instancia, para contender por 83 plazas de todas las materias: penal, familiar, civil, laboral y menores.

Además, en esta jurisdicción hicieron proselitismo 113 aspirantes para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua y 24 postulantes a una magistratura para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

De los 172 que desean presidir un juzgado local, 136 -equivalente a un 86 %- están en funciones, es decir, ocupan los cargos para los cuales están contendiendo. Ninguno solicitó licencia, para poder ausentarse del trabajo mientras hacen campaña, debido a que de ese ingreso depende el sustento de sus familias.


Para la jueza Adriana Carranza, quien preside un tribunal laboral, ha sido extenuante llevar al mismo tiempo el juzgado y la campaña que inició el pasado 30 de marzo, “porque no cuento con un equipo de campaña y yo misma debo buscar entrevistas, buscar eventos, estar llevando mi propia agenda, estar subiendo todo lo que tenga que subiera a la página del INE para cumplir con todos los requerimientos que nos marca la ley. Ha sido desgastante estar al pendiente tanto de lo jurídico de la campaña”, afirma.

“Esta situación me ha causado cierto desánimo“, confiesa por su parte José Marco Arredondo Ávila, actual secretario Instructor del Instituto de Atención Temprana del Poder Judicial en Chihuahua y, también, candidato a juez penal.

“Obviamente, uno lo hace con la esperanza, la ilusión, de alcanzar ese puesto en la judicatura. Pero ha sido cansado, especialmente por el hecho de no contar con ningún tipo de financiamiento ni público ni privado, por lo que todos los recursos pues tienen que ser de mi bolsa. Y yo me veo muy limitado, he tratado, pero sólo pude destinar mil pesos a imprimir poquitos volantes”.

“Yo ni hice campaña”, remata una jueza penal provisional, quien pide guardar su anonimato. “Ni chance tengo, es demasiado trabajo y, la neta, estoy cansada. Solo puse mi fotito en redes sociales”.

Aunque registró su candidatura para permanecer en el cargo de jueza, reconoce que lo hizo sólo por trámite, para no tener que renunciar, pues confía en que, aún si pierde en la elección del 1 de junio, ella seguirá teniendo a su disposición un puesto inferior como secretaria proyectista, privilegio que sólo podrán gozar los jueces provisionales que, como ella, no alcanzaron el tiempo suficiente en el cargo para ser ratificados.

* El Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia es coordinado por la doctora Ana Laura Magaloni y es una iniciativa del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En la parte periodística participan Animal Político, W Radio y diversos medios locales, entre ellos La Verdad Juárez.








Por: Blanca Carmona y Andro Aguilar / Observatorio Judicial Ibero y Animal Político

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