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La Jornada
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CDMX.- El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y el Plan México, impulsados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, trazan una ruta clara para fortalecer la industria nacional: al menos el 50 % de las compras públicas deberán provenir de manufactura mexicana hacia 2030. Esta meta no es solo una aspiración política, sino un mandato legal respaldado por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que la planeación de las adquisiciones debe realizarse con oportunidad y en estricto apego a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En este marco, las adquisiciones públicas de dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejan de ser un simple trámite administrativo y se convierten en una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico, fomentar las cadenas de valor y la producción nacional.
Ambos planes plantean un nuevo modelo de desarrollo en el que el sector privado actúa como socio estratégico del Estado. En este contexto, fabricantes nacionales como Lexmark representan ejemplos concretos de esta visión. Con más de 13,000 empleos directos generados desde su planta en Ciudad Juárez, Chihuahua; Lexmark produce más de 12,000 cartuchos de tóner diarios, exportados a más de 170 países. La empresa ha logrado no solo competir bajo estándares internacionales, sino también alinear sus operaciones con objetivos de sostenibilidad e innovación industrial. Su certificación como planta CarbonNeutral y su inversión reciente de 60 millones de pesos en ampliación de capacidades reflejan el potencial de la manufactura tecnológica instalada en México.
Lexmark y su red de distribuidores no solo destacan en el ámbito privado; también desempeñan un papel relevante como proveedores de distintas dependencias de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Este tipo de casos cobra especial importancia ante la creciente exigencia gubernamental de sustituir importaciones, fortalecer cadenas productivas internas y posicionar a México entre los 10 principales exportadores del mundo. Compradores como el IMSS, el SAT, el Consejo de la Judicatura, la CFE, PEMEX, Secretaría de Salud, INE, el Banco del Bienestar, entre otras dependencias también tienen una responsabilidad clave: alinear su política de adquisiciones no solo a criterios de costo y eficiencia, sino a una estrategia industrial de largo plazo que priorice el uso de Licitaciones Públicas Nacionales con la participación de proveedores con presencia real en el país.
En suma, el Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo no solo redefinen el papel del Estado como comprador, sino que imponen obligaciones concretas: las compras públicas deben detonar inversión, innovación, justicia social y crecimiento de cadenas de valor nacionales. La ley lo exige y casos como el de Lexmark demuestran que cumplir con esta política no solo es posible, sino necesaria para consolidar una industria mexicana sólida, moderna y sostenible.
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