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PVEM exige a gobernadora Libia García abrir actas reservadas sobre recursos públicos.
El manejo del dinero del Fidesseg estuvo plagado de abusos y ocurrieron por la falta de legalidad, transparencia y un buen manejo de los recursos públicos, lamentó.
Jueves 09 de Octubre de 2025
Por: La Jornada
Foto: La Jornada
CDMX.- La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, debe transparentar ante el Congreso las actas reservadas de los acuerdos tomados por el Consejo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (COSAINCEG), sobre el destino de casi 38 mil millones de pesos, exhortó el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, durante la sesión del pleno.

En la sesión del Congreso, los legisladores ecologistas presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la mandataria para que envíe a los diputados los acuerdos del COSAINCEG.


Ante el pleno, también solicitaron la entrega de los informes trimestrales sobre el uso y la aplicación de los impuestos a la nómina y cedulares.

Tal como lo informó La Jornada, el coordinador de los diputados del PVEM, Sergio Contreras, señaló que del año 2019 al 2024 —en el sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo— el Consejo no informó en qué gastaron casi 38 mil millones de pesos, como establece el decreto que dio vida al organismo.

Para el 2025, Libia García presupuestó un ingreso de casi 11 mil millones de pesos.

El Consejo está integrado por dependencias gubernamentales, así como por los consejos coordinadores empresariales de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato. También participa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Los empresarios son los que deciden el destino del recurso, poder que les otorgó Diego Sinhue con la reforma que hizo al decreto del COSAINCEG para que “pase de ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”.

La reserva de las actas del Consejo sobre cómo determinaron gastar los impuestos a la nómina y cedular “vulnera de manera flagrante el derecho de acceso a la información pública y de ejercicio de los recursos públicos”, alertó Contreras Guerrero.

El legislador se refirió a las actas que solicitó la Jornada y que fueron reservadas por la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero Fonseca, así como los vocales, Rocío Sandoval Galván y Jorge Antonio García Rocha.

“No permitir el acceso a estas actas no solo provoca el desconocimiento de los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Celaya, San Miguel de Allende, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las autoridades estatales, sino que también da pauta para que se presuma el uso discrecional de los recursos a favor de unos cuantos”, sostuvo.

Agregó que, aunque la información del destino de los impuestos es pública, “el no conocer los acuerdos con los que se tomaron estas determinaciones es un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas”.

Es obligación del Estado transparentar toda la información, no solo de manera fragmentada o parcial, enfatizó.

“El derecho de acceso a la información no se satisface con la entrega de datos aislados o sin contexto, sino únicamente mediante la entrega íntegra y suficiente de los documentos que den claridad al ejercicio completo de los recursos”, argumentó.

Agregó que el propio decreto del COSAINCEG los obliga a rendir informes públicos y a promover la transparencia.

Sergio Contreras recordó que el extinto Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg) se nutría del 0.3 por ciento del impuesto sobre nómina. El cual también era manejado por los consejos empresariales que integran el COSAINCEG.

“Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado documentó irregularidades que ascienden a casi 250 millones de pesos en el ejercicio de los recursos entregados a diversas organizaciones”, evocó.

La discrecionalidad, la opacidad y la evidente malversación de fondos expuestos por la ASEG derivaron en la recomendación para recuperar 170 millones 668 mil pesos, dijo.

El manejo del dinero del Fidesseg estuvo plagado de abusos y ocurrieron por la falta de legalidad, transparencia y un buen manejo de los recursos públicos, lamentó.

Es importante esclarecer el uso de los impuestos y el trabajo del COSAINCEG, por eso se propone el punto de acuerdo para que la gobernadora transparente el tema, refirió. El punto de acuerdo fue turnado a Comisión de Hacienda para su estudio y análisis.

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