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Xalapa, Ver.-
La industria tabacalera es una de las más agresivas para defensa de sus mercados, su injerencia en políticas públicas que buscan contrarrestar el consumo de tabaco en beneficio de la salud pública aumentó en los pasados dos años, alertan organizaciones de la sociedad civil al presentar los resultados del IV Índice Regional de Interferencia de la industria tabacalera para los países de América Latina y el Caribe 2025. Por cuarto año, organizaciones nacionales, coordinadas por Corporate Accountability y el Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) publicaron el Índice Regional de Interferencia en 19 países de América Latina y el Caribe, el cual analiza la implementación del Artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que exige a los países firmantes proteger sus políticas de salud públicas de la influencia comercial de la industria tabacalera. Laura Salgado, jefa de campañas y alianzas en GGTC, destaca que la industria tabacalera presiona a los gobiernos de los países, "en particular cuando están en contextos difíciles. En muchos casos las respuestas gubernamentales fueron insuficientes, por eso el puntaje fue más bajo y se reporta una mayor interferencia de la industria". El reporte, elaborado por GCTC y los especialistas de Corporate Accountability, Daniela Valdivieso, Daniel Sorado y Jaime Arcila, revela que 11 de los países evaluados han empeorado su puntaje y siete tienen mejoras. De ellos, México es la nación con menor interferencia de la industria tabacalera, pero en contraste, República Dominicana es la que sufre mayor intrusión en sus políticas públicas por parte de las tabacaleras. El índice se realiza a través de un cuestionario aplicado por la sociedad civil, y se basa en las directrices aprobadas hace 17 años por la OMS. El instrumento, que usa información pública, mide desde la participación de la industria del tabaco en la elaboración de políticas públicas hasta la transparencia y los conflictos de interés. Salgado destaca que si bien a menor puntaje del índice, mayor protección hay de las políticas públicas de la injerencia de la industria tabacalera, ningún país de la región se ha salvado de padecer su interferencia. México reporta un total de 48 puntos, el más bajo; le sigue Chile con 52, al igual que Uruguay; Panamá y Venezuela, con 54 puntos respectivamente; Perú, 56; Nicaragua, 58; Jamaica, 59; Costa Rica 64; Brasil, 65; mientras que Ecuador, El Salvador y Guatemala, alcanzan los 68 puntos, entre otros. La industria tabacalera, señala el reporte, sigue usando tácticas como la participación indebida en políticas públicas; actividades de "responsabilidad social corporativa", incentivos fiscales y exenciones, además de interacciones innecesarias con funcionarios.
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