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Xalapa, Ver.- Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que se le dictó por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso del desvío de millones de pesos del erario estatal. Por ello, su defensa solicitó su libertad al haber cumplido el 95.04 de su sentencia, pues considera que cuenta de la condena del expriista ya está saldada, o casi. A pesar de cumplir los parámetros legales, el beneficio le ha sido denegado, sostuvo Pablo Campuzano, abogado penalista del exmandatario, y recordó que el umbral del 70 por ciento es el que la Ley Nacional de Ejecución Penal exige para optar a la libertad anticipada. “Nunca lo acusaron de robarse un peso. Esa es la verdad”, señala el abogado. Afirma que esta negativa se sustenta más en la presión política que en el derecho. Durante una entrevista, Campuzano refutó la versión popular del caso. Expuso que Javier Duarte de Ochoa fue condenado por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos graves, pero nunca fue imputado por la sustracción directa de fondos públicos de Veracruz. "Nunca lo acusaron de robarse un peso", sentenció. El defensor de Duarte de Ochoa insistió en que el exfuncionario se acogió a un procedimiento abreviado no por culpabilidad irrefutable, sino por motivos políticos. Este acuerdo legal se cerró durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, un factor que, según su representante, politizó la causa desde sus inicios. Campuzano alegó que la causa de su cliente ha sido moldeada por la presión mediática y política, al punto de que las autoridades judiciales están ignorando los principios básicos del Estado de derecho. Sostuvo que la resistencia a otorgar la libertad anticipada, a pesar del cumplimiento legal de la condena, obedece a un "sesgo político" que prevalece sobre los fundamentos estrictamente jurídicos. La situación del exgobernador Javier Duarte de Ochoa reaviva el debate sobre la imparcialidad judicial en México, especialmente en casos de alto perfil relacionados con la corrupción. La defensa afirmó en que no existen pruebas que sostengan la acusación de enriquecimiento ilícito, lo que podría sentar un precedente importante para otros exfuncionarios procesados.
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