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Xalapa, Ver.-
Ante el aumento de ataques, extorsiones y asesinatos contra productores agrícolas en distintas regiones, la Diócesis de Orizaba urgió reforzar la seguridad en las zonas rurales del país. El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez lamentó que en los últimos años el campo mexicano haya quedado rezagado en materia de atención y apoyo institucional, lo que ha generado un desequilibrio en el desarrollo económico nacional. Asimismo destacó que los productores que han logrado sobresalir, como los de aguacate, limón y otros cítricos, enfrentan ahora una nueva amenaza: la inseguridad. Externa: Esperaríamos que el gobierno garantice la seguridad y la integridad básica de los productores, que son fundamentales para el alimento de los mexicanos”. Enríquez Báez destaca que la protección a quienes trabajan la tierra no solo es un asunto económico, sino también de justicia y derechos humanos, pues su integridad y su labor resultan esenciales para la soberanía alimentaria del país. Por último, el portavoz diocesano reitera el llamado a las autoridades para diseñar y aplicar estrategias efectivas que permitan a los productores trabajar en condiciones dignas y seguras, sin el temor constante a la violencia y la extorsión. Tras los constantes ataques y extorsiones contra productores de limón, aguacate y otros cultivos, la Iglesia católica en Orizaba advirtió que la inseguridad en el campo amenaza la producción alimentaria del país y vulnera el derecho al trabajo de miles de familias rurales. En la ultima semana ha trascendido que el diputado federal Arturo Ávila Anaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó una versión actualizada de su iniciativa para modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, incorporando la dimensión digital a la regulación de los medios de comunicación gestionados por ministros de culto y asociaciones religiosas. En su versión inicial, Ávila proponía que los ministros de culto y las asociaciones religiosas pudieran operar medios digitales, incluyendo redes sociales y plataformas de contenido multimedia, siempre que se sujetaran a lineamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
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