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Ex funcionario de Salud en BC es vinculado a proceso por contratos a modo de insumos médicos.
Entre ambas causas penales, formalizó contratos por más de 31 millones de pesos, lo que contravino los criterios constitucionales de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Jueves 04 de Diciembre de 2025
Por: La Jornada
Foto: .https://www.bajacalifornia.gob.mx/ / Archivo
CDMX.- Un ex funcionario de Salud del gobierno de Baja California fue vinculado a proceso penal por segunda ocasión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por la compra ilegal de insumos médicos.

Entre ambas causas penales, formalizó contratos por más de 31 millones de pesos, lo que contravino los criterios constitucionales de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo la segunda vinculación a proceso en contra de Mikel Roberto AH, ex director de Administración del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California.

En la primera causa penal 2841/2025, se le vinculó a proceso penal en octubre de 2025 junto a Miguel Ángel MC, entonces jefe de Recursos Materiales de Isesaludbc .

Entre febrero y marzo de 2021, otorgó tres contratos de insumos médicos por 13 millones 718 mil pesos, sin licitar y por asignación directa a Plenum de Occidente, una empresa de Guadalajara, al justificar también la pandemia y el Decreto Presidencial de marzo de 2020.

La segunda causa penal por la asignación directa, sin licitar, de otros tres contratos de compra de insumos médicos a la empresa Arsa LAB Farmacéuticos de Tijuana por 18 millones 424 mil pesos


Mikel Roberto formó parte del equipo del secretario de Salud y director de Isesalud, Alonso Pérez Rico, en el gobierno de Jaime Bonilla, primer gobernador postulado por Morena.

En los dos casos, el ex funcionario enfrenta su proceso penal en libertad, de acuerdo a lo establecido por los jueces locales que le fijaron como medida cautelar la firma periódica en el Sistema de Justicia Acusatoria.

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