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XALAPA.- Ante omisiones sistemáticas de administraciones municipales anteriores en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la descarga y saneamiento de aguas residuales, el ayuntamiento de Río Blanco enfrenta uno de los pasivos más relevantes de su historia reciente derivado de adeudos fiscales ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con la síndica Janett del Valle Lara, el municipio cuenta con un permiso de descarga de aguas residuales vigente desde el 4 de octubre de 1994, el cual se deriva directamente de la Ley de Aguas Nacionales y que implica obligaciones fiscales periódicas. Sin embargo, a pesar de que estas responsabilidades fueron notificadas de manera recurrente por la Conagua a lo largo de los años, no fueron atendidas de manera adecuada por sucesivas administraciones municipales. En ese tenor, la Síndica señaló que fue durante el periodo 2018-2021 cuando la Conagua ejerció formalmente sus facultades de comprobación fiscal, detectando omisiones continuadas desde el año 2014 y hasta 2021. Como resultado, se determinaron créditos fiscales por ejercicios consecutivos correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Refirió que al inicio de la administración municipal 2022-2025, personal de la Conagua notificó seis resoluciones mediante las cuales se desecharon los recursos de revisión promovidos por la administración saliente 2018-2021. Dichas resoluciones confirmaron la validez de seis créditos fiscales cuyo monto total ascendía a 20 millones 722 mil 799.76 pesos. La síndica precisó que durante el proceso de entrega-recepción no se informó oficialmente a la sindicatura sobre la existencia de este adeudo fiscal, lo que agravó la situación financiera y jurídica del ayuntamiento. Ante la confirmación de los créditos, solicitó el apoyo técnico y jurídico del entonces director jurídico y actual coordinador jurídico municipal para la elaboración y presentación de seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Sin embargo, señaló que dicho respaldo fue negado y que se le delegó de manera exclusiva la responsabilidad de estudiar, elaborar y presentar los seis juicios de nulidad, sin contar con asesoría especializada ni con un despacho fiscalista que permitiera enfrentar adecuadamente el proceso legal. De forma paralela a los litigios, durante el primer trimestre de 2022 la Sindicatura Municipal a su cargo inició un proceso de análisis y recopilación de información para identificar las causas reales del incumplimiento y establecer mecanismos que evitaran la generación de nuevos créditos fiscales. En este proceso se confirmó que las omisiones derivaron de que el municipio contaba con la concesión para el saneamiento del agua residual, pero carecía de la documentación probatoria necesaria, como la presentación trimestral de declaraciones fiscales en la plataforma digital de la Conagua, obligación que no se cumplió durante años. Refirió que esta falta de pruebas dejó al ayuntamiento en un estado de indefensión jurídica, lo que derivó en la confirmación definitiva de los créditos fiscales por parte de las autoridades federales. La síndica indicó que, a pesar de ello, y aun enfrentando actos de obstrucción interna que fueron denunciados mediante juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral de Veracruz, a partir del segundo trimestre de 2022 y hasta el cierre de la administración, el municipio ha cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales ante la Conagua. Del Valle Lara destacó que su gestión estuvo enfocada a proteger los intereses legales y patrimoniales del ayuntamiento y de los habitantes de Río Blanco, enfrentando pasivos contingentes heredados, entre ellos una deuda con Pemex por incumplimiento de contrato que fue liquidada por aproximadamente 2.6 millones de pesos. Al cierre de la administración refirió que se deja un municipio regularizado en materia de saneamiento de aguas residuales y sin nuevos adeudos generados ante la autoridad federal, sentando bases para una gestión financiera más responsable.
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