De Veracruz al mundo
Activista presenta queja en Comisión de Derechos Humanos de Veracruz por violaciones a periodista acusado de terrorismo; 'es acto extremo', dice.
El activista Ángel Kú indicó que cuando el Estado criminaliza al periodismo no solo persigue a un periodista, sino que intenta disciplinar a todo el gremio y restringe el derecho colectivo de la sociedad a saber.
Domingo 28 de Diciembre de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: .
Ciudad de México.- El activista Ángel Kú presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por violaciones en la acusación del periodista veracruzano de terrorismo, Rafael “Lafita” León Segovia.

En un comunicado, expuso que León Segovia “llamó las cosas por su nombre” y dijo que acusar a un periodista de terrorismo “es un acto extremo, desproporcionado y profundamente peligroso para cualquier democracia”.


“Mientras el gobierno federal niega reiteradamente que exista terrorismo en México, incluso frente a hechos de violencia extrema como coches bomba y ataques armados, en Veracruz sí se utiliza esta figura penal máxima contra un comunicador. Esta contradicción no es jurídica, es política, y revela un uso selectivo del derecho penal para intimidar”, manifestó.

Estado intenta disciplinar al periodismo

Kú señaló que no presentó la queja para defender a “Lafita” en lo individual, sino como un ciudadano y receptor del derecho a la información.



“Cuando el Estado criminaliza al periodismo no solo persigue a un periodista: intenta disciplinar a todo el gremio y restringe el derecho colectivo de la sociedad a saber”, destacó.


Recordó que la organización Artículo 19 señaló que Veracruz se posicionó como la entidad con más procesos de acoso judicial contra periodistas en todo el país, con diez casos documentados.

“Artículo 19 ha advertido, además, una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. En ese contexto, imputar el delito de terrorismo a un periodista puede entenderse como parte de un patrón de criminalización que debe ser investigado y frenado”, señaló.

Exige investigación a las autoridades

El activista exigió en varios puntos una investigación y un análisis del uso del delito de terrorismo.

-Que se investigue la actuación de las autoridades estatales involucradas.

Que se analice el uso del delito de terrorismo contra un periodista bajo estándares constitucionales e interamericanos.

-Que se emita un pronunciamiento público claro, no evasivo.


– Que se recomienden medidas de no repetición para impedir que el derecho penal sea utilizado como herramienta de intimidación política contra la prensa.

“Defender la libertad de expresión implica poner límites al poder, no administrarle excusas. Hoy se acusa a un periodista de terrorismo en Veracruz. Si esto se normaliza, mañana cualquier voz incómoda puede ser la siguiente”, añadió.

Fiscalía imputa a periodista cargos por terrorismo
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) imputó al periodista Rafel “Lafita” León Segovia el cargo de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

En un comunicado, informó que la audiencia inicial en contra del periodista será el próximo martes 30 de diciembre a las 7:00 horas.


“Se informa que esta Fiscalía el día de hoy fue notificada que el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo el 30 de diciembre de 2025, a las 07:00 horas”, señaló la dependencia.

Artículo 19 exige cesar criminalización por labor periodística
Por su parte la organización Artículo 19 exigió cesar de inmediato la criminalización de la labor periodística de Rafael León Segovia y abstenerse de imputar delitos graves a partir de hechos directamente vinculados con su ejercicio informativo.

“Actuar con imparcialidad, independencia y apego estricto al principio de legalidad, evitando el uso del derecho penal como mecanismo de represalia o censura”, exigió la organización.

En un comunicado, pidió que se garantice el respeto pleno al debido proceso, presunción de inocencia y derecho a una defensa adecuada.


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