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XALAPA.- Pese a las graves irregularidades en la investigación por terrorismo y otros delitos realizada por la Fiscalía General del Estado, FGE, en contra del periodista Rafael León Segovia, este martes el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores rechazó anular las pruebas, vinculó a proceso al reportero y decretó un año de prisión domiciliaria como medida cautelar. Luego de una audiencia que se extendió por más de cinco horas en el Centro Integral de Justicia, Rafael León Segovia, conocido como “Lafita”, denunció que el proceso penal que enfrenta es resultado de una persecución personal y de la presunta fabricación de delitos por parte de las autoridades ministeriales. Al concluir la diligencia, el comunicador salió esposado y bajo custodia policial. En ese momento, afirmó que el procedimiento en su contra carece de sustento legal y respondió a intereses ajenos a la justicia. De manera directa, acusó a la Fiscalía de actuar con animadversión personal, al señalar: “esta fiscal me odia”. El periodista fue detenido el pasado 24 de diciembre y enfrenta cargos por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, luego de que el delito de terrorismo fue desechado. No obstante, León sostiene que las imputaciones no están respaldadas por pruebas reales y que el expediente se construyó con elementos manipulados o inexistentes. De acuerdo con Rafael León, la acusación se sostiene en dos puntos que considera débiles: la presunta vinculación con un teléfono celular que, asegura, no es de su propiedad, y el señalamiento de un testigo que la Fiscalía no ha presentado ante el juez. El comunicador afirmó que esta omisión obedece a que dicho testimonio no resistiría el análisis de la defensa. Durante su traslado, León reiteró que se le intenta responsabilizar por un objeto ajeno y cuestionó la falta de transparencia en la presentación de pruebas clave dentro del proceso. Por su parte, el juez de control desechó la solicitud de la defensa para invalidar las pruebas presentadas por la Fiscalía. El caso ha despertado indignación a nivel nacional y estatal entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, quienes observan el proceso como un posible acto de criminalización del ejercicio periodístico. Por su parte, la familia del reportero calificó como una “fabricadera” de pruebas las acusaciones que enfrenta y lanzó un mensaje a las autoridades para que se garanticen un proceso legal adecuado. Durante la audiencia celebrada este 30 de diciembre en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, Gardiel Josué León Oropeza, hijo del periodista, sostuvo que los cargos de terrorismo, encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública carecen de fundamento y representan una represalia por el trabajo informativo de su padre. La defensa y la familia denunciaron que la carpeta de investigación se basa en un teléfono celular que no pertenece a León Segovia y en el testimonio de un supuesto “testigo protegido” que resulta desproporcionado para el caso, calificándolo de absurdo. “Prácticamente es una fabricadera que le están haciendo… tienen a un testigo protegido como si fuera alguien de la DEA, el FBI o la Interpol; es de risa”, expresó León Oropeza. El hijo del periodista cuestionó el mensaje que se envía por la detención de un comunicador por lo que pidió que se garantice justicia y el respeto a la labor periodística. “Le decimos simple y sencillamente que se haga justicia”, concluyó el familiar.
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