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XALAPA.- Después de la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la titularidad del organismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz aceptar una recomendación por omisiones graves en la investigación de la desaparición de una mujer ocurrida en 2013, y advirtió que, de persistir la negativa, podría ser llamada a comparecer ante el Congreso local. El pronunciamiento quedó asentado en la Recomendación 142/2025, emitida contra la Fiscalía veracruzana por rechazar la Recomendación 087/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, relacionada con un caso que permanece sin esclarecer desde hace más de una década. La CNDH concluyó que la negativa de la Fiscalía estatal implicó afectaciones al derecho a la verdad, al derecho de toda persona a ser buscada y al derecho de las víctimas a una vida libre de violencia institucional en perjuicio de la mujer desaparecida, identificada como V, y de sus familiares. El caso tiene origen en la denuncia presentada el 21 de febrero de 2013 por la desaparición de una mujer ocurrida el 14 de febrero de ese año, en Cardel. Al momento de perder contacto con ella, la víctima tenía aproximadamente cinco meses de embarazo. Años después, el 18 de marzo de 2020, la madre de la víctima acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar irregularidades, omisiones y dilaciones en la investigación ministerial iniciada desde 2013. En su queja sostuvo que “en los primeros años no se investigó nada” y que, pese a que le tomaron muestras de ADN en tres ocasiones, nunca se le informó si existió alguna confronta genética. “Desde el inicio yo proporcioné los números telefónicos de mi hija, pero de estos números nunca se me informó si se habían investigado”, aseguró. Con base en ese expediente, la Comisión Estatal emitió el 20 de septiembre de 2024 la Recomendación 087/2024, al concluir que la Fiscalía omitió investigar con la debida diligencia la desaparición. El organismo documentó que la carpeta de investigación acumuló periodos de inactividad que, en conjunto, sumaron cinco años, cuatro meses y 11 días, dentro de una indagatoria abierta durante 11 años y cinco meses, lo que representó el 46.72 por ciento del tiempo total de integración. También acreditó retrasos en el procesamiento de perfiles genéticos. Aunque la obtención de ADN se solicitó desde febrero de 2013, el perfil genético de la madre fue incorporado hasta agosto de 2016. La recomendación estatal concluyó que estas omisiones generaron un proceso de victimización secundaria, definida como “el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia”. Pese a estos hallazgos, la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns comunicó su no aceptación mediante un oficio recibido el 18 de octubre de 2024, en el que sostuvo que no compartía las conclusiones del organismo local. En ese documento afirmó: “me permito reiterar la negativa (…) de haber incurrido en una conducta u omisión”, y aseguró que la investigación “se ha desarrollado de manera oficiosa, oportuna y exhaustiva”. Argumentó además que, al tratarse de un delito de desaparición, “no se puede limitar a un plazo razonable” por tratarse de un delito permanente, y que la obligación de investigar “no es incumplida, por el solo hecho de que no produzca un resultado satisfactorio”. Sin embargo, al revisar los informes remitidos a nivel nacional, la CNDH concluyó que la Fiscalía respondió de manera general, sin detallar diligencias que desvirtuaran las omisiones documentadas por la Comisión Estatal. El organismo nacional señaló que en las primeras horas de la desaparición no se solicitaron colaboraciones inmediatas a instancias especializadas, no se activaron mecanismos de búsqueda en las primeras 72 horas y no se requirieron de forma oportuna registros de transporte, hospitales ni sábanas de llamadas, pese a la condición de embarazo de la víctima. Con estos elementos, la CNDH ordenó a la Fiscalía aceptar “en todos sus términos” la Recomendación 087/2024 en un plazo de quince días hábiles, emitir una circular interna para garantizar su cumplimiento y designar a un enlace de alto nivel para el seguimiento. Concluyó que, de mantenerse la negativa, deberá hacerse pública la motivación del rechazo y podría solicitarse la comparecencia de la titular de la Fiscalía ante el Congreso del Estado. Así las cosas.
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