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| Eligen hoy presidencia del Consejo de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del PJF. | ||||||
| Hilvia Angélica Díaz Garay, titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) del PJF, participará en el proceso. Tiene 20 años de experiencia en la mediación. | ||||||
| Viernes 23 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Hilvia Angélica Díaz Garay, titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) del PJF, participará en el proceso. Tiene 20 años de experiencia en la mediación. En entrevista, dijo que si resulta electa se compromete a promover dichos órganos judiciales como una opción real y efectiva para todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. “La intención es fortalecer los centros a nivel nacional donde restauren vínculos y relaciones en el fomento de la paz”. Para ello, plantea una visión transformadora que articula una normativa sólida, con políticas de inclusión, innovación y formación como pilares para una justicia alternativa accesible, eficaz y humana. Entre sus propuestas se encuentra crear un mapa digital nacional de localización de Centros de MASC para que los usuarios sepan su ubicación exacta; diseñar y conformar el Modelo de Programa Nacional de Formación Básica, a fin de homologar la capacitación y evaluación, con estándares nacionales que aseguren calidad y ética en la práctica. Establecer un Sistema Nacional de Indicadores de MASC, con el objetivo de fortalecer la confianza, prevenir prácticas discrecionales y asegurar la rendición de cuentas, así como un Registro Nacional de Programas Académicos en el que sean visibles los programas inscritos por los Centros Públicos, a propósito de identificar los que fueron validados por dichas instituciones; también será, fuente de validación de las certificaciones que acrediten a las personas facilitadoras y abogadas colaborativas, por mencionar algunos puntos. En su propuesta de trabajo, indicó que este plan lo enmarca en la normatividad vigente, en los principios de derechos humanos, perspectiva de género, accesibilidad universal; y que propone un modelo integral que articula inclusión social, innovación tecnológica y profesionalización, con estrategias para enfrentar los retos actuales, como las brechas digitales, falta de capacitación homogénea, baja inclusión y resistencia cultural de la justicia tradicional. |
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