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XALAPA.- Tras múltiples polémicas a cinco meses de labores de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, afirma que ya va bien y está consolidada, aunque costos políticos y retos. Pero también apremios: este mes vence el plazo legal para resolver 48 recursos de juicios fiscales por miles de millones de pesos que son más cuantiosos, incluso, que los adeudos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. En entrevista con La Jornada, el togado expresó: “Vamos a cumplir cabalmente… La Corte no se dejará presionar, no responderá a intereses o a fuerzas de ningún tipo. Tomaremos decisiones con entera libertad”. De acuerdo con Aguilar Ortiz, la Corte ya no es ajena a los acontecimientos nacionales e internacionales que ocurren más allá de su labor jurisdiccional. En ese contexto, opina sobre la eventual reforma electoral y advierte “dificultades” para los comicios judiciales de 2027, pues podrían “contaminarse” de tintes partidistas; por ello, plantea que una posible solución es aplazarlos algunos meses o incluso uno o dos años. También sostiene que las instituciones del Estado deben hacer “un frente común” para defender al país, ante las decisiones del presidente estadunidense, Donald Trump, que han impactado al mundo. Afirma que “la Corte va muy bien”, pues aumentó su ritmo de trabajo (hasta 70 asuntos resueltos semanalmente, en promedio) y adoptó una nueva metodología más pública y colegiada. Ahora es una Corte abierta, con diálogo social y con cambios institucionales, como nuevas áreas académicas y mayor contacto con comunidades, comenta. “El impacto comienza a notarse y la gente ya lo reconoce. Podría decir que incluso en los niveles más bajos de la escala social –pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas– el impacto es de la mayor envergadura. Es histórico”, asegura. Dice sentirse “como pez en el agua” al pasar de la mañana a la noche resolviendo asuntos jurídicos, interpretando la norma y en contacto cotidiano con la gente, incluso bajo un escenario que –asegura– anticipaba desde antes de asumir el cargo. “Somos producto de una elección popular. Sabía que íbamos a tener una vigilancia permanente de la ciudadanía. De hecho, así lo ofrecimos”, afirma. La Corte se ha visto envuelta en viarias polémicas debido a su falso menaje de austeridad. Tan solo la semana pasada le llovieron las criticas por la adquisición de nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas, con un costo de 2.4 millones de pesos por unidad, una para cada ministro, a las que finalmente renunciaron, pero quedaron dentro del Poder Judicial y no se sabe quien las ocupará. Además, la Suprema Corte adquirió 12 togas para los nuevos integrantes del pleno que resultaron electos, lo que significó un desembolso cercano a los 300 mil pesos. Para iniciar sus labores, destinó más de un millón de pesos a la realización de un ritual de Quetzalcóatl y una ceremonia de purificación para los ministros entrantes.
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