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XALAPA.- Todo parece indicar que el Gobierno de Veracruz ya dio un manotazo en la mesa con relación al tema del presunto cártel inmobiliario. Y es que, en ejercicio de sus atribuciones y a fin de verificar que las notarías públicas del Estado de Veracruz se conduzcan bajo los principios de legalidad, honradez, probidad, autonomía, profesionalismo e imparcialidad, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, aprobó un acuerdo para que a través del Registro Público de la Propiedad y Notarías Públicas se lleve a cabo una revisión de todas las notarías del Estado de Veracruz. Por lo anterior, estableció un calendario a fin de que el personal de dicha dependencia realice una revisión, independientemente de que pueda realizar revisiones especiales sin avisar en cualquier momento. El funcionario estatal señaló que uno de los mecanismos diseñados en la ley para ejercer la vigilancia sobre la función es la supervisión notarial, la cual se puede desarrollar a través de visitas generales o especiales, las cuales tendrán por objeto la revisión e inspección de los protocolos, libros, apéndices, registros, sistemas, documentos, trámites, sellos, aranceles, letreros, avisos o demás instrumentos y elementos afectos a la función notarial y al desempeño de los notarios. Conforme al marco legal y al acuerdo establecido por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil se revisarán los instrumentos contenidos en protocolos, los apéndices e índices de los instrumentos contenidos, el protocolo para cerciorarse de la observación de los requisitos legales de forma, razones de apertura y cierre por parte del notario titular adscrito o suplente en funciones. También la verificación de la razón de cierre por parte de la Dirección General, tratándose de los libros de protocolos, y para el caso del libro de registro de certificaciones, la autorización correspondiente. Igualmente la acreditación de los impuestos o derechos fueron enterados oportunamente en los instrumentos revisados. En el caso de que los índices sean llevados de manera electrónica y física, bien en forma general o libro, donde se haga constar las certificaciones y los instrumentos autorizados por orden alfabético o cronológico, con expresión del número de escritura, acta o hechos jurídicos, entre otros.
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