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XALAPA.- A cuatro meses de que estallo la huelga nacional de los empleados del Nacional Monte de Piedad, los trabajadores que continúan en el paro ya enfrentan dificultades económicas y buscan ingresos alternos mientras se alcanzan acuerdos con la administración. Tal es el caso de los trabajadores de la sucursal 93 de Martínez de la Torre, que no reciben remuneración alguna, por lo que muchos venden pasteles fuera de la sucursal o realizan actividades informales para mantener a sus familias. Amalia García, delegada sindical, indica que no se ha alcanzado acuerdo en las reuniones entre el sindicato y el patronato: “Llevamos cuatro meses en esta situación y no hay ninguna esperanza tangible de que se resuelva pronto”. La dirigente desmintió que la empresa carezca de solvencia para pagar salarios. “Queremos dejar claro que el Nacional Monte de Piedad no se encuentra en bancarrota ni atraviesa por ninguna crisis financiera que justifique esta situación”, enfatiza García. Según la delegada, los motivos de la huelga son el intento de modificar el contrato colectivo y la estrategia para desintegrar el sindicato. “Su objetivo es contar con empleados que no estén afiliados a ninguna organización laboral, de manera que puedan ser considerados como ‘desechables’ para la institución”, afirmó. La demanda de los trabajadores es clara: que se les paguen los salarios adeudados o se les entregue la liquidación correspondiente, y que se garanticen sus derechos laborales. Las ventas de productos hechos por ellos mismos son un testimonio visible de la dificultad que atraviesan sus familias, señala la líder sindical. El Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños de México y la institución financiera más antigua de América, inició el 1 de noviembre una huelga ante el incumplimiento del convenio firmado en 2024. En ese entonces, Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, señaló que la empresa continúa violando tanto el contrato colectivo como el convenio modificatorio del año pasado. Además, acusó que se intenta modificar las condiciones laborales de manera selectiva, excluyendo al personal de confianza de los cambios más drásticos. En un comunicado, el Sindicato denunció que la administración ha cancelado derechos elementales de los trabajadores mediante "una política de acoso constante, obligándolos a laborar jornadas extenuantes y privándolos de derechos como la media hora de comida establecida por la ley". Los representantes sindicales también señalaron que esta situación contrasta con los "gigantescos salarios que se autootorgan los empleados de confianza y directivos de la institución", lo que ha generado un gasto intenso dentro de la organización. Por su parte, la empresa acusó a la dirigencia sindical de retrasar "injustificadamente" el cumplimiento de varios compromisos pactados en 2024.
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