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XALAPA.- Aunque en diciembre de 2022 el juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó un amparo a Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte, y señaló que seguía vigente la orden de captura en su contra dictada en mayo de 2018, además de que la Fiscalía General de la República litigaba su entrega a autoridades mexicanas, la ex presidenta del DIF Estatal obtuvo asilo en Reino Unido, por lo que ya no será extraditada a México para enfrentar las acusaciones de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF Estatal. Funcionarios del gabinete de seguridad confirmaron que la justicia británica decidió dar asilo a la ex esposa de Duarte de Ochoa. En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster en Inglaterra avaló su entrega a México para enfrentar la acusación penal, pero la defensa de Macías Tubilla interpuso nuevos recursos contra su traslado a México. De acuerdo con la defensa, entre los argumentos esgrimidos ante los tribunales británicos se destaca que su proceso de extradición estaba viciado, pues el delito del que se le acusó habría prescrito y la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo habría comunicado a la justicia ante la cual se presentó la solicitud de entrega. De igual forma, aunque Macías perdió en primera instancia el juicio contra su extradición, se detuvo debido a la interposición de un recurso fuera del proceso de entrega a México y del cual el gobierno británico no informó hasta agosto del año pasado de manera detallada a la cancillería. La ex esposa de Duarte de Ochoa, quien fue detenida inicialmente en octubre de 2019 en Londres, fue liberada tras pagar 150 mil libras esterlinas para enfrentar en libertad condicional su juicio de extradición. Según la acusación de la Fiscalía de Veracruz en su contra, en su calidad de presidenta del DIF de Veracruz, Macías Tubilla entregó recursos de manera indebida a empresas inexistentes. Las autoridades consultadas señalaron que la defensa de Karime Macías solicitó el asilo y lo habría obtenido tras considerar que la acusación se sustentó únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, quien habría hecho los señalamientos bajo tortura. Por otro lado, habría que recordar que la pena de 9 años de cárcel en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa concluye el próximo 14 de abril, fecha en la cual será llevado ante un juez, quien le dirá que su sanción ha concluido y ordenará su liberación de prisión. Sin embargo, aunque dicho proceso habrá de cumplirse, el ex gobernador podría no alcanzar la libertad, debido a que enfrenta un nuevo proceso penal, ahora por el delito de peculado en agravio de la Tesorería Federal por un monto de 5 millones de pesos. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tras haber cumplido su sentencia, Javier Duarte debe quedar en libertad, salvo que alguna autoridad lo requiera, o bien, cuenten con otra orden de aprehensión o tenga alguna medida cautelar de prisión preventiva. Es precisamente ésta última opción la que enfrenta el exgobernador veracruzano, quien recibirá su orden de liberación, pero al mismo tiempo podría quedarse en prisión. Será el próximo martes 17 de febrero, cuando se celebre la audiencia de vinculación a proceso en contra del exmandatario. En caso de resolverse el auto de vinculación y mantener vigente la medida precautoria de prisión preventiva, entonces permanecerá encerrado por lo que dure su nuevo proceso. Otra opción poco probable es que Javier Duarte sea vinculado a proceso y se le modifique la medida precautoria, y pudiera ser enviado a arraigo domiciliario, aunque todo apunta a que permanecerá en prisión. Así las cosas.
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