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XALAPA.- Aunque hay quienes la acusan de imponer una visión burocrática por encima de la sensibilidad social que se requiere ante el dolor de las familias víctimas de desaparición, cuando lo que debería hacer el Estado es pedir disculpas, de todos modos la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Namiko Matzumoto Benítez, afirmó que los colectivos de búsqueda que reciben recursos públicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral están obligados a comprobar su ejercicio, y reveló que al asumir el cargo detectó 25 millones de pesos sin soporte documental correspondiente a administraciones anteriores. Como cobradora de Coppel, luego de las manifestaciones de colectivos en Xalapa, la funcionaria estatal sostuvo que los apoyos no han sido cancelados ni suspendidos, pero destacó que la comprobación del gasto es un requisito establecido en la norma. “El fondo de ayuda y reparación para las víctimas son recursos públicos, por lo tanto, son recursos que se deben ejercer con absoluta transparencia”, aseguró la ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Indicó que la inconformidad expresada por algunos grupos no deriva de una reducción presupuestal, sino del requerimiento de rendición de cuentas. “En realidad no se ha detenido ningún apoyo. Tan es así que la manera de verificarlo es que no se ha suspendido ninguna búsqueda. Los apoyos para diligencias de búsqueda salen a través de la comisión. Lo único que hay que soportar esos gastos”, sostuvo. Matzumoto Benítez explicó que el acceso al fondo constituye un derecho para las víctimas, pero también implica obligaciones administrativas. “Si bien es un derecho de ellas acceder a esos fondos, es una obligación también comprobar que se ejecutó o se usó el recurso adecuadamente”, afirmó. Precisó que las reglas de operación han existido en años anteriores y que, aunque en 2026 registraron una modificación, ésta se orientó a ampliar supuestos de apoyo, particularmente en materia de alojamiento. “Usualmente el apoyo de alojamiento se daba para las personas desplazadas. Hoy se está dando el apoyo para alojamiento para personas desplazadas y para personas víctimas en situación de vulnerabilidad. Todo el resto de la obligación de comprobar permaneció intacta”, sostuvo. En ese sentido, la titular de la Comisión refirió que asumió el cargo en septiembre y que, al cierre de diciembre, se identificó un monto aproximado de 25 millones de pesos sin comprobación documental. “En la comisión hicimos lo que correspondía, entregar cuentas, determinar tal cual el monto que no estaba comprobado, que ascendía en el tiempo que yo llegué alrededor de 25 millones de pesos y lo único que hay que hacer es comprobar”, declaró. Señaló que la documentación fue turnada conforme a lo que establece la norma, aunque evitó precisar si el expediente fue remitido a la Contraloría para una investigación específica. “La documentación sí (…), mi deber es cumplir con lo que establece la norma y a eso es a lo que me he dedicado. Si antes no se comprobaba, no es responsabilidad mía”, respondió. Antes de la llegada de Matzumoto Benítez, la Comisión fue encabezada por Christian Carrillo Ríos y Lorena del Carmen Mendoza Sánchez durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García. La funcionaria estatal también señaló que, al inicio de su gestión, buscó establecer diálogo con los colectivos, pero algunos grupos condicionaron el intercambio a la intervención directa de la titular del Ejecutivo estatal. “Cuando yo llegué y me puse a sus órdenes, no desearon dialogar conmigo. Dijeron que conmigo no tenían nada que hablar y que ellas solamente iban a hablar con la gobernadora. Lo que yo hice fue prudentemente retirarme”, refirió. Matzumoto Benítez advirtió que la falta de acceso a las instalaciones por las manifestaciones puede impactar en la dispersión de recursos para diligencias ya programadas. “Hay muchas diligencias ya programadas, se debe determinar el monto para cada una de estas diligencias y lamentablemente no podemos entrar y entonces no se pueden dispersar recursos para ninguna víctima. Eso es en este momento lo que a mí me tiene preocupada”, aseguró. Sobre el alcance de la inconformidad, Matzumoto Benítez sostuvo que en Veracruz existen cerca de 60 colectivos de búsqueda y que cinco participaron en la manifestación reciente. “Aquí en la entidad, en el último conteo que se hizo hay cerca de 60 colectivos. Hoy se manifestaron cinco colectivos”, precisó. Señaló que otras organizaciones respaldan las medidas de comprobación. “Solecito se manifestó en apoyo a las medidas de rendición de cuentas y transparencia que estamos implementando. Otros colectivos, el colectivo de la Cuenca del Papaloapan también está a favor de que se ejerciten los recursos con absoluta y total transparencia”, afirmó. La titular rechazó versiones que atribuyen la negativa de apoyos a estudios de trabajo social. “Hemos hecho 240 estudios de trabajo social y solamente ha habido cerca de 30 solicitudes que no han cubierto los requisitos legales y esa es la razón. No es el estudio de trabajo social; es que si das una dirección y esa dirección es inexistente, ¿cómo podemos acreditar nosotros que efectivamente a esa persona se le puede brindar el apoyo?”, concluyó.
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